La Justicia de Hong Kong ha dictado este lunes una pena de 20 años de prisión contra el activista y magnate de la prensa Jimmy Lai, al considerarle responsable de conspirar para coludir con fuerzas externas y de promover publicaciones de carácter sedicioso. La sentencia llega casi dos meses después de que fuera declarado culpable de delitos que podían haberle supuesto la cadena perpetua.
El fallo afecta igualmente a las tres empresas vinculadas al influyente diario 'Apple Daily' —Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited y Apple Daily Internet Limited—, todas ellas propiedad de Lai, de 78 años. El Tribunal Superior de Hong Kong ha calificado el periódico como sedicioso, según ha informado la agencia de noticias china Xinhua.
La corte ha hallado culpables a Lai y a las tres sociedades de un cargo de conspiración para publicar una publicación sediciosa y de otro de conspiración para entrar en colusión con fuerzas extranjeras. De forma individual, el empresario ha sido igualmente condenado por una acusación adicional de la segunda tipología.
Los jueces han hecho pública también la pena impuesta a seis antiguos altos directivos del rotativo que se declararon culpables, con condenas que oscilan entre los seis años y nueve meses y los diez años de prisión. Además, otros dos activistas han sido sentenciados a siete años y tres meses de cárcel, de acuerdo con la información del diario 'South China Morning Post'.
Con una vista que ha durado en torno a diez minutos se ha puesto fin a un proceso judicial iniciado en 2023. No obstante, no era el primer encuentro de Lai con los tribunales: ya fue detenido en diciembre de 2020 en aplicación de la controvertida ley de seguridad nacional —impulsada por Pekín para penalizar conductas como la sedición o la injerencia extranjera en Hong Kong—, y desde entonces ha permanecido bajo custodia. Asimismo, en abril de 2021 fue condenado a 5 años y 9 meses de prisión por fraude y por participar en una protesta no autorizada, causa que conllevó también penas de cárcel para otros destacados miembros de la oposición.
Reacción oficial de China
Tras conocerse la sentencia, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha subrayado que “Jimmy Lai es ciudadano chino” y ha sostenido que “sus acciones socavaron gravemente la línea de flotación del principio de 'un país dos sistemas' y pusieron en grave peligro la seguridad nacional”.
En la misma línea, Lin ha remarcado que Jimmy Lai “dañó gravemente la prosperidad, estabilidad y bienestar de los ciudadanos de Hong Kong”, por lo que ha considerado que “merece un duro castigo según la ley”, en la primera reacción pública desde Pekín a la condena contra el empresario, según el diario 'Global Times'.
“Hong Kong es una sociedad regida por el Estado de derecho”, ha insistido, antes de recalcar que “las autoridades judiciales hongkonesas llevan a cabo sus funciones en línea con la ley, mantienen la autoridad de la ley y salvaguardan la seguridad nacional de forma razonable, legal y ajena a cualquier reproche”.
“El Gobierno central apoya firmemente a las autoridades de Hong Kong a la hora de salvaguardar la seguridad nacional, en línea con la ley, y a la hora de castigar crímenes que la ponen en peligro”, ha añadido Lin, que ha reiterado que “los casos judiciales son un asunto interno de Hong Kong”, en respuesta a las críticas internacionales al proceso contra Jimmy Lai.
En este contexto, ha pedido a los demás Estados que “respeten la soberanía de China y el Estado de derecho en Hong Kong”, que “eviten hacer comentarios irresponsables sobre los procedimientos judiciales en Hong Kong” y que “dejen de interferir en los asuntos judiciales o en los asuntos internos de China, de cualquier manera posible”.
El empresario de los medios se ha convertido en uno de los principales símbolos de la represión contra la oposición política en Hong Kong, donde aún resuenan las protestas masivas contra el Gobierno de Carrie Lam iniciadas en 2019, las mayores movilizaciones desde la transferencia de soberanía del territorio de Reino Unido a China en 1997.
La actuación de las autoridades chinas en este caso ha suscitado numerosas críticas en el ámbito internacional, entre ellas las de la Unión Europea y la ONG Human Rights Watch, que ya se habían pronunciado tras la declaración de culpabilidad hecha pública en diciembre de 2025.