Los representantes del Parlamento Europeo y del Consejo (los gobiernos de los Estados miembro) alcanzaron esta madrugada un entendimiento político para aplicar, con una serie de condiciones, el acuerdo comercial cerrado entre Washington y Bruselas el pasado verano. En la práctica, el compromiso implica renunciar a responder con contramedidas a los aranceles generalizados que Estados Unidos impone a la mayor parte de los productos europeos, siempre que el recargo no supere el 15%. Este límite, no obstante, excluye al acero y al aluminio procedentes de la UE, que continúan soportando una tasa del 50%.
El pacto llegó tras cinco horas de conversaciones en la tercera ronda de diálogo entre colegisladores celebrada en Estrasburgo (Francia) y aún debe ser refrendado por los Veintisiete y aprobado formalmente por el pleno del Parlamento Europeo en una próxima sesión. Todo ello se desarrolla a contrarreloj, con el objetivo de que la luz verde definitiva se produzca antes de que venza el plazo del 4 de julio fijado por Donald Trump para imponer nuevos gravámenes si el entendimiento fracasaba.
“Tenemos un acuerdo para aplicar el acuerdo entre la UE y Estados Unidos. Es un gran éxito para el Parlamento Europeo: Mejoramos significativamente la propuesta original de la Comisión Europea al garantizar mayores salvaguardas para la economía de Europa”, celebró el negociador principal de la Eurocámara y presidente de la comisión de Comercio Internacional, el socialdemócrata alemán Bernd Lange.
Entre las principales condiciones que la Eurocámara ha logrado incorporar en los dos reglamentos necesarios para poner en marcha el pacto arancelario destaca una cláusula de caducidad que fija el final automático de estas normas a finales de 2029, salvo que el bloque decida prorrogarlas tras una revisión completa de la situación. Además, la Comisión Europea deberá presentar informes trimestrales y se habilitan mecanismos de control parlamentario.
El acuerdo también introduce salvaguardas que permiten suspender o congelar su aplicación si las empresas europeas sufren un perjuicio grave o si Estados Unidos decide imponer nuevos aranceles adicionales —como los anunciados tras un fallo judicial adverso que finalmente no se aplicaron a la UE— o lanza nuevas amenazas económicas contra países del bloque, como ocurrió cuando varias capitales respaldaron a Dinamarca durante la crisis por Groenlandia.
“Europa es un socio fiable (...). Basado en el respeto mutuo, nos hace a todos más fuertes. Porque un acuerdo es un acuerdo”, escribió la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en redes sociales. Por el mismo canal, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó que “la UE cumple sus compromisos”. “Juntos, podemos garantizar un comercio transatlántico estable, predecible, equilibrado y mutuamente beneficioso”, añadió la dirigente conservadora.
El responsable comercial de la UE y representante del Ejecutivo comunitario en las conversaciones con la Eurocámara y el Consejo, el comisario Maros Sefcovic, destacó en un breve comunicado que “la Unión Europea cumple con su palabra al tiempo que defiende sus intereses”. “Esfuerzo colectivo. Resultado sólido. Impacto significativo”, resumió Sefcovic sobre un pacto que, según afirmó, permitirá “impulsar la estabilidad y cooperación transatlántica”.
En la práctica, los reglamentos pactados suponen la eliminación de los aranceles sobre los productos industriales estadounidenses y conceden un acceso preferente al mercado comunitario, con contingentes y reducciones arancelarias para determinados bienes agrícolas y mariscos de Estados Unidos, incluida una extensión de cinco años —hasta 2030— de la exención de gravámenes para las importaciones de langosta.
SALVAGUARDAS PARA PAUSAR EL ACUERDO SI EEUU NO CUMPLE
Según lo acordado entre Parlamento y Consejo, la aplicación del denominado Acuerdo de Turnberry queda condicionada a varias cláusulas que permiten pausar o suspender el marco arancelario si se detectan distorsiones graves del mercado o si Estados Unidos vuelve a recurrir a medidas de coerción para influir en las decisiones de los Veintisiete.
Así, será suficiente “una solicitud debidamente justificada” de al menos tres Estados miembro, de la industria o de organizaciones sindicales de la UE, o bien una iniciativa propia de la Comisión Europea, para poner en marcha una evaluación formal sobre si “el aumento de las importaciones ha causado o amenaza con causar un daño grave a los productores de la UE”. Si se constatan pruebas suficientes, Bruselas podrá decidir la suspensión total o parcial de la aplicación del acuerdo.
Las cláusulas de suspensión también se activarán cuando “Estados Unidos incumple los compromisos de la Declaración Conjunta, cuando socave de otro modo los objetivos perseguidos” por este texto o cuando “perturbe las relaciones comerciales y de inversión con la UE, incluso discriminando o atacando a los operadores económicos de la UE”. El mecanismo podrá emplearse igualmente si existen “indicios suficientes de que tales acciones puedan producirse en el futuro”.
Las nuevas condiciones incorporan además un aviso directo a la Casa Blanca para que rebaje el actual 50% de aranceles al acero y al aluminio europeos. Si para el 31 de diciembre de 2026 ese gravamen no se ha reducido hasta el techo del 15% acordado para el resto de productos, la Unión quedará habilitada para retirar las concesiones otorgadas a los productos de acero y aluminio procedentes de Estados Unidos.
El polémico entendimiento que la jefa del Ejecutivo comunitario cerró con Trump contempla asimismo compromisos de la UE que exceden el ámbito de la política comercial, sobre la que Bruselas tiene competencias directas, como compras de energía a Estados Unidos por valor de 750.000 millones de dólares y proyectos de inversión en ese país por otros 600.000 millones.
Estas obligaciones no figuran en las propuestas legislativas que negocian Parlamento y Consejo, ya que se trata de decisiones que rebasan las atribuciones de Von der Leyen y quedan en manos de los Estados miembro.