Un letrado filipino ha registrado este lunes una moción para apartar del cargo al presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., con el objetivo de que rinda cuentas por el arresto y posterior entrega del exmandatario Rodrigo Duterte al Tribunal Penal Internacional (TPI). En el escrito se le acusa de haber puesto en entredicho la soberanía nacional y el orden constitucional al permitir las actuaciones contra el antiguo jefe de Estado.
La corte internacional imputa a Duterte, encarcelado en La Haya desde el pasado mes de marzo, tres cargos por crímenes de lesa humanidad al considerarle "coautor indirecto" de 19 asesinatos cometidos entre 2013 y 2016, cuando ejercía como alcalde de la ciudad de Dávao. Los otros dos cargos se vinculan a decisiones adoptadas durante su etapa al frente de la Presidencia del país.
La iniciativa —la primera de este tipo contra Marcos desde su llegada al poder en 2022— ha sido presentada por el abogado André de Jesus y cuenta con el apoyo del diputado Jett Nisay, perteneciente al partido minoritario Pusong Pinoy.
El documento responsabiliza al presidente filipino de haber comprometido la soberanía del Estado y el marco constitucional al proceder a la entrega de Duterte al TPI, y sostiene que sus actos suponen una vulneración de la Carta Magna y una traición a la confianza pública, de acuerdo con la información difundida por el portal de noticias Rappler.
La portavoz de la Presidencia, Claire Castro, ha puesto en duda la moción y ha subrayado que el parlamentario que la respalda figura en las pesquisas sobre un gran caso de corrupción relacionado con una serie de proyectos de control de inundaciones sufragados con fondos públicos y valorados en unos 9.000 millones de euros.
"La Presidencia reconoce que la presentación de denuncias forma parte del proceso democrático previsto en nuestra Constitución. Respetamos este proceso y confiamos en que el Congreso, como rama del gobierno con igualdad de derechos, desempeñará sus funciones con honestidad, integridad y fidelidad", ha expresado.
Al mismo tiempo, ha recalcado que el jefe del Estado "respeta plenamente la Constitución y confía en la solidez" de las instituciones democráticas. "Seguirá gobernando, garantizando la continuidad de los servicios públicos y que la labor del gobierno se centre en mejorar la vida de nuestra ciudadanía", ha agregado.
Según las investigaciones, las empresas privadas adjudicatarias de estos proyectos de defensa frente a inundaciones se habrían apropiado de parte de los fondos mediante "proyectos fantasma" y trabajos de baja calidad en numerosas áreas que han resultado arrasadas tras el reciente paso de los tifones 'Kalmaegi' y 'Fung-wong', que han causado más de 250 fallecidos.
Las pesquisas salpican a 37 influyentes senadores, diputados y destacados hombres de negocios. El congresista Zaldy Co, que abandonó el país después de ser señalado como sospechoso del enorme desfalco, afirmó que el presidente Marcos estaba implicado en la trama, unas acusaciones que el Ejecutivo ha rechazado como "especulaciones".
La decisión de las autoridades filipinas de entregar a Duterte al TPI generó una fuerte controversia en el país. Aunque Filipinas se retiró del Estatuto de Roma, el presidente ha defendido que Manila mantiene la obligación de colaborar con la Organización Internacional de Policía —Interpol— una vez que el TPI emite sus órdenes de detención.
Su hija y actual vicepresidenta, Sara Duterte, ha reiterado que lo ocurrido fue un "secuestro", fruto de la "persecución y opresión" del Gobierno. La detención ha evidenciado el creciente enfrentamiento entre los clanes Marcos y Duterte —antiguos aliados—, una brecha que se ha ensanchado desde 2022 por disputas de carácter electoral.