El que fuera máximo responsable de seguridad en la provincia siria de Derá, Atef Nayib, se ha convertido este domingo en el primer dirigente de alto rango del antiguo aparato de Bashar Al Assad en sentarse ante la Justicia por delitos atribuidos al periodo en el que gobernó el expresidente sirio.
Nayib, familiar directo del exmandatario, está acusado de haber dirigido la “supervisión de asesinatos sistemáticos” y de ordenar detenciones arbitrarias durante las protestas populares que estallaron en la provincia en 2011, en plena ola de movilizaciones de la Primavera Árabe en la región. El marco legal sirio, no obstante, aún no incorpora de forma expresa los crímenes de guerra ni los crímenes contra la Humanidad como figuras penales específicas.
El levantamiento en Derá fue sofocado por el Ejército sirio tras diez días de asedio a la ciudad. La ONG Centro de Estudios de Derechos Humanos de Damasco (DCHRS) documentó entonces el traslado a la capital de 244 cuerpos de civiles, entre ellos numerosos menores, junto con 81 cadáveres de militares y oficiales, muchos de ellos con impactos de bala por la espalda, lo que apunta a posibles ejecuciones tras negarse a abrir fuego contra la población.
La represión en Derá se convirtió en uno de los episodios clave que alimentaron la posterior guerra civil siria, un conflicto devastador que concluyó en diciembre de 2024, cuando una ofensiva conjunta de varias facciones armadas, encabezada por la organización yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS) y liderada por el actual presidente, Ahmed al Shara, logró derrocar a Al Assad, hoy exiliado en Moscú.
En este nuevo escenario, las autoridades sirias han puesto en marcha una Comisión Nacional de Justicia Transicional, encabezada por Abdul Basit Abdul Latif, encargada de instruir y llevar ante los tribunales a los altos cargos del antiguo régimen capturados. En una publicación en redes sociales, Abdul Latif celebró la imputación de Nayib y subrayó que “los crímenes y violaciones graves contra los sirios jamás prescriben”.