Este miércoles, la Fiscalía belga comunicó la entrega al Tribunal Penal Internacional (TPI) de los expedientes de dos militares israelíes acusados de crímenes de guerra durante su estancia en el festival Tomorrowland. Los hechos denunciados ocurrieron en la Franja de Gaza.
Las denuncias fueron presentadas el 18 y 19 de julio por la Fundación Hind Rajab, enfocadas en dos ciudadanos israelíes presentes en suelo belga. Posteriormente, la Fiscalía decidió enviar los casos al TPI para asegurar una justa administración de la justicia y cumplir con las obligaciones internacionales, según declaró.
La transferencia de los documentos al TPI estará a cargo del Servicio Público Federal de Justicia de Bélgica, la entidad responsable de gestionar las peticiones judiciales belgas hacia el tribunal, ubicado en La Haya.
El TPI ya está investigando posibles infracciones graves al Derecho Humanitario en territorios palestinos, habiendo admitido previamente que posee jurisdicción extraterritorial para juzgar crímenes de guerra.
Reacciones y Exigencias
La Fundación Hind Rajab ha recibido con «cauteloso optimismo» la decisión de la Fiscalía de remitir el asunto a La Haya, destacando que esto «confirma que el asunto ha alcanzado el más alto nivel de atención jurídica internacional».
La fundación opina que «Bélgica debería haber ido más allá», argumentando que los sospechosos «no solo deberían haber sido arrestados, sino también detenidos y procesados en Bélgica o extraditados al TPI». Sostienen que la liberación de estos individuos con «acusaciones creíbles de crímenes de guerra y lesa humanidad» mina la confianza pública y podría fomentar nuevas atrocidades.
«Esta remisión no constituye una conclusión. Es un giro estratégico a nivel internacional. Si bien es legalmente admisible, también refleja cautela diplomática en un momento en que el genocidio continúa. En nuestra opinión, las consideraciones políticas nunca deben prevalecer sobre los imperativos de la justicia», concluyó la Fundación Hind Rajab.
Finalmente, han solicitado al TPI «actuar sin demora y emitir órdenes de arresto contra los sospechosos», alegando que «cada día de inacción de las instituciones internacionales es un día de sufrimiento continuo e impunidad».