En una declaración emitida en las primeras horas de este martes, el Gobierno belga ha comunicado que en la próxima Asamblea General de la ONU, que inicia el 9 de septiembre, se procederá al reconocimiento oficial de Palestina como Estado. Esta decisión sigue a anuncios similares de naciones como Francia, Canadá y Australia.
El viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, Maxime Prevot, usó su perfil en la red social X para expresar que este acto es un «gesto político y diplomático contundente para preservar las posibilidades de una solución de dos Estados y condenar las pretensiones expansionistas de Israel con sus programas de colonización y ocupaciones militares».
Prevot destacó que la «formalización administrativa de este reconocimiento mediante un decreto real se llevará a cabo cuando se haya liberado al último rehén y (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás ya no asuma ninguna gestión de Palestina», motivado por el «trauma» sufrido por los israelíes tras los ataques del 7 de octubre de 2023, que resultaron en aproximadamente 1.200 muertes y 250 secuestros.
El ministro también comunicó que «se denunciará con mayor contundencia cualquier acto de antisemitismo o glorificación del terrorismo por parte de los partidarios de» la milicia palestina.
Adicionalmente, Prevot anunció «medidas firmes contra» el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Estas incluyen doce sanciones como «la prohibición de importar productos procedentes de los asentamientos, la revisión de la política de compras públicas con empresas israelíes, la restricción de la asistencia consular a los belgas que viven en los asentamientos ilegales según el Derecho Internacional».
El funcionario belga también mencionó la posibilidad de «acciones judiciales, prohibiciones de sobrevuelo y tránsito» y la declaración de «personas non gratas» a «varios colonos violentos, líderes de Hamás y dos ministros israelíes extremistas», posiblemente Bezalel Smotrich y Itamar Ben Gvir, que ya han sido sancionados en otros países como Reino Unido, Australia y Canadá.
Prevot indicó que estas acciones responden a «la tragedia humanitaria que se está viviendo en Palestina, y en particular en Gaza, y ante la violencia perpetrada por Israel en violación del Derecho Internacional (y) sus obligaciones internacionales, entre ellas el deber de prevenir cualquier riesgo de genocidio». Aclaró que las medidas no buscan sancionar al pueblo israelí, sino asegurar que su gobierno cumpla con el Derecho Internacional y Humanitario y contribuir a mejorar la situación actual.