La ciudadanía de Birmania está llamada este domingo a las urnas en unas elecciones organizadas por la junta militar que controla el país desde el golpe de Estado de febrero de 2021, unos comicios que se celebran en medio de la guerra y pese a las numerosas críticas y peticiones de boicot.
El país atraviesa una profunda crisis desde la asonada castrense, ejecutada por el Ejército para invalidar los resultados de las generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND) se impuso con claridad.
Los actuales comicios, anunciados finalmente en julio tras meses de retrasos, se desarrollarán en tres rondas: la votación de este domingo será seguida por otra el 11 de enero y el proceso concluirá con una tercera cita el día 25 de ese mismo mes.
Mientras los militares sostienen que estas elecciones abrirán la puerta a un “sistema multipartidista”, las voces críticas denuncian que el objetivo real del Ejército es “perpetuarse en el poder” y obtener una nueva apariencia de legitimidad, por lo que insisten en la necesidad de no participar.
Las Fuerzas Armadas, que han subrayado que la cita electoral debe seguir adelante pese a la guerra y los enfrentamientos, continúan defendiendo que la victoria de la LND de la ex “líder de facto” Aung San Suu Kyi en 2020 es “ilegítima” y alegan la existencia de numerosas “irregularidades” en el registro de votantes.
Sin embargo, observadores internacionales apuntaron que en aquellas elecciones no se detectaron problemas de calado durante la votación y han advertido de que la violencia actual podría impedir que la población de las zonas más afectadas por el conflicto pueda acudir a los colegios.
La activista y Premio Nobel de la Paz, de 80 años y aún encarcelada, no participará en la contienda, al igual que su formación política. Suu Kyi cumple una pena de 27 años de prisión por cargos que, según sus seguidores, forman parte de una campaña de persecución política. Su partido fue disuelto tras negarse a registrarse bajo las nuevas normas impuestas por la junta.
Otras fuerzas políticas también han llamado al boicot o se han negado a concurrir y aceptar las condiciones marcadas por los militares. Numerosos actores políticos sostienen que el proceso “no será libre ni justo” y acusan al jefe de la junta, Min Aung Hlaing, de tratar de mantener el control del poder en manos castrenses.
Mientras tanto, la comunidad internacional mantiene las sanciones contra Birmania por los continuos ataques contra civiles y la dura represión contra la disidencia.
Represión y violencia en torno a los comicios
Desde el inicio de la campaña electoral, más de un centenar de personas han sido detenidas en todo el país acusadas de sabotear las elecciones en aplicación de la Ley de Protección Electoral, aprobada hace apenas unos meses. Según las voces disidentes, esta normativa pretende silenciar a los críticos y a quienes rechazan unos comicios que consideran “poco transparentes” mientras continúa la guerra.
Organizaciones de Derechos Humanos llevan meses denunciando estas detenciones y alertan de que “algunas personas que critican las elecciones están siendo silenciadas por la junta”, en especial quienes reparten panfletos para promover el boicot y la movilización contra el proceso.
Los opositores siguen acusando al Ejército de violaciones y abusos, pese a que la junta sostiene que las elecciones servirán para elegir la composición del Parlamento y de las autoridades locales de forma “democrática”, un planteamiento duramente cuestionado por la oposición.
Naciones Unidas ha responsabilizado a la junta militar de recurrir a un uso “brutal” de la violencia para forzar a la población a votar este domingo, mientras los grupos rebeldes tratan de impedir la participación.
Se calcula que decenas de personas han sido condenadas en virtud de la nueva ley electoral por oponerse a la celebración de los comicios en plena guerra. “Algunas sentencias son extremadamente duras, con penas de entre 42 y 49 años de prisión por colgar carteles en contra de las elecciones”, ha señalado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk.
Entre los arrestados figuran personalidades destacadas, como el director Mike Tee, el actor Kyaw Win Htut y el humorista Ohn Daing, todos ellos sentenciados a largas penas de cárcel por “socavar la confianza” de la población en el Ejército.
En determinadas áreas, las personas desplazadas por la violencia han recibido amenazas de posibles ataques si no regresan a sus localidades de origen para votar.
Amplias zonas sin voto y dominio militar del proceso
El conflicto armado ha provocado que 65 localidades queden excluidas de la jornada electoral por los combates entre las fuerzas birmanas y los grupos rebeldes. La junta calcula que, en esta primera fase, podrán votar los residentes de 102 de los 330 municipios que siguen bajo control militar.
Aunque más de medio centenar de partidos han presentado candidatos, la mayoría solo compite a nivel local, mientras que únicamente seis formaciones se disputan el escenario nacional con opciones reales de obtener apoyos significativos. El marco legal favorece al Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), estrechamente vinculado al Ejército. En total, alrededor de 5.000 aspirantes concurren para ocupar los escaños del Pyidaungsu Hluttaw, la Asamblea bicameral de Birmania.
Todo indica que el reconocimiento de los resultados que surjan de este proceso será complejo. Con una escena política dominada por figuras militares desde la independencia en 1948, Min Aung Hlaing intenta afianzar su liderazgo al frente del país.
El coste humano del conflicto continúa siendo devastador, con más de 22.600 presos políticos encarcelados, según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos de Birmania (AAPP). Desde el golpe de Estado, 7.600 civiles han perdido la vida a manos de las fuerzas de seguridad.