Boluarte lidera mesa de diálogo para abordar crisis en sector minero y rechaza conversaciones con grupos clandestinos

Este lunes, Dina Boluarte, presidenta de Perú, preside una mesa de trabajo con representantes del Estado y organizaciones mineras para discutir la formalización de miles de trabajadores mineros, al tiempo que ha reiterado su negativa a dialogar con aquellos que operan en la clandestinidad.

‘No vamos a pactar con quienes de manera contumaz se mantienen en la ilegalidad (…) los mineros ilegales están al margen de la ley y con ellos no hay pactos, acuerdos ni diálogo porque como se ha demostrado en estos días, sus medios son violentos en defensa de su actividad destructiva del país’, declaró Boluarte el domingo.

Boluarte criticó las acciones de presión adoptadas recientemente por estos grupos para oponerse a su decisión de cerrar el registro que permitía la formalización de muchos trabajadores, y excluir a otros 50.000 que llevan años intentándolo.

Los manifestantes han elevado la intensidad de sus protestas, bloqueando carreteras y generando violencia esporádica, exigiendo medidas que les permitan formalizar sus actividades, esenciales para el sustento de miles de familias.

A pesar de las fuertes protestas, Boluarte ha descartado cualquier diálogo con estos grupos. En su lugar, se enfocará en la regularización de 31.560 personas que ya están inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), según informa ‘La República’.

Boluarte ha vinculado el incremento de la inseguridad con las actividades ilegales. ‘Promueven la violencia en alianza con grupos extremistas que pretenden que el caos impere en nuestro país’, afirmó.

La presidenta ha enfatizado que la minería ilegal no solo ha causado pérdidas de vidas en Perú, sino también graves daños al medio ambiente y pérdidas económicas significativas para el Estado, ascendiendo a más de 7.500.000 millones de soles (aproximadamente 1.800 millones de euros).

Este lunes, Boluarte encabezará la mesa de trabajo que incluirá a figuras clave como Eduardo Salhuana, presidente del Congreso; Janet Tello, presidenta del Poder Judicial; Josué Gutiérrez, Defensor del Pueblo; y representantes de los principales sindicatos del sector.