La Comisión Europea ha indicado este lunes que está valorando “medidas concretas” para reforzar la protección y la resiliencia del Tribunal Penal Internacional (TPI), al tiempo que ha calificado de “inaceptables” las amenazas y ataques dirigidos contra sus jueces, personal y colaboradores, después de que Estados Unidos sancionara a la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, y a magistrados y fiscales del TPI por investigar o denunciar un genocidio de Israel en Gaza.
Así lo ha manifestado el portavoz de Exteriores del Ejecutivo comunitario, Anouar el Anouni, en una rueda de prensa en Bruselas, al ser preguntado por la decisión de un juez estadounidense de suspender las sanciones impuestas por la Administración Trump contra Albanese y por las medidas restrictivas que siguen vigentes contra varios jueces del TPI por sus pesquisas sobre presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
“Permítanme dejar claro aquí y ahora que los ataques o amenazas contra el tribunal, sus cargos electos, su personal y quienes cooperan con ella no son aceptables”, ha afirmado el portavoz comunitario, subrayando que la Comisión mantiene “contacto directo” con el TPI y con los jueces afectados para estudiar “medidas concretas” destinadas a su protección.
El Anouni ha evitado valorar la decisión del juez federal estadounidense de dejar en suspenso las sanciones contra Albanese, pero sí ha reiterado el respaldo del Ejecutivo comunitario al TPI, a “los principios establecidos en el Estatuto de Roma”, así como a “la imparcialidad y la independencia del tribunal”.
Bruselas esquiva aclarar si recurrirá al Estatuto de Bloqueo
Por otro lado, la portavoz de Servicios Financieros de la Comisión, Siobhan McGarry, ha puesto en valor la labor del TPI, que ha descrito como “muy importante”, y ha precisado que el Ejecutivo comunitario “es consciente” de la necesidad de proporcionar “un apoyo constante a la corte, tanto financiero como diplomático”.
“Hemos explorado y evaluado soluciones concretas y viables para apoyar al tribunal y permitir que el personal siga trabajando día a día, y esto es algo sobre lo que mantenemos un contacto constante con los Estados miembro”, ha añadido en su intervención.
Preguntada por si entre esas posibles respuestas figura la activación del Estatuto de Bloqueo, tal y como reclamó a la Comisión Europea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, McGarry ha evitado concretar, limitándose a señalar que han recibido esa solicitud pero que el Ejecutivo comunitario no tiene “nada más que añadir por el momento”.
“El trabajo del TPI es algo que estamos observando constantemente para protegerlo y para permitir que el personal pueda seguir viviendo y desempeñando su trabajo”, ha concluido la portavoz comunitaria.
Contexto de las sanciones de EEUU contra Albanese y el TPI
Las manifestaciones de la Comisión Europea se producen pocos días después de que un juez federal de Estados Unidos ordenara suspender las sanciones impuestas por la Administración Trump contra Albanese, al considerar que dichas medidas vulneraban sus libertades de la Primera Enmienda al dirigirse directamente contra sus declaraciones críticas con Israel.
El magistrado calificó de “excesivas” las sanciones al advertir de los “daños reales y tangibles” sufridos de forma colateral por la familia de la relatora, incluidas repercusiones sobre su vivienda, su situación financiera y la libertad de movimiento de su hija menor.
Asimismo, el juez desestimó la acusación del Gobierno de Trump de que Albanese hubiera colaborado de forma directa con el TPI para investigar o promover órdenes de arresto contra ciudadanos de Estados Unidos o Israel, al remarcar que la relatora “no ha hecho más que hablar” y que las recomendaciones que formuló al tribunal carecen de carácter vinculante.
A este escenario se suma que el pasado 6 de mayo Sánchez solicitó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la activación del Estatuto de Bloqueo con el fin de que las sanciones de EEUU contra la relatora de la ONU Francesca Albanese y los jueces y fiscales del TPI que investigan el genocidio en Gaza no tengan efecto en territorio de la Unión Europea.
Estados Unidos viene aplicando desde principios de 2025 sanciones contra miembros del TPI que ya alcanzan a once jueces y fiscales, en represalia por la orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como contra el exministro de Defensa Yoav Gallant. Además, en julio Washington sancionó a Albanese por lo que describió como una “campaña” contra Israel.