La Comisión Europea ha dado a conocer este martes una renovada estrategia antirracista con la que busca reforzar la aplicación de la legislación comunitaria ya vigente, derribar las barreras estructurales que mantienen la discriminación y profundizar en la cooperación con los Estados miembros y con las organizaciones de la sociedad civil.
“Nuestra legislación tiene que funcionar en la vida real y no solo sobre el papel”, ha remarcado en rueda de prensa desde Estrasburgo la comisaria de Preparación y Gestión de Crisis e Igualdad, Hadja Lahbib, que ha señalado que el objetivo es luchar contra el racismo “en todas sus formas”.
La responsable comunitaria ha subrayado que la puesta en marcha de esta nueva hoja de ruta responde a una “necesidad” de hacer frente a un fenómeno “insidioso y destructor” presente en todas las etapas de la vida y especialmente alarmante “en un momento en que los valores democráticos europeos están bajo presión”.
Como ejemplo de estas desigualdades, ha recordado que la población romaní tiene una esperanza de vida ocho años inferior a la del resto de ciudadanos europeos y que cerca de la mitad de las personas trabajadoras afrodescendientes ocupan puestos por debajo de su nivel de estudios y cualificación. Según la Comisión, este desaprovechamiento de talento implica una pérdida anual de hasta 13.000 millones de euros en crecimiento económico.
La nueva estrategia se estructura en torno a tres grandes prioridades. La primera pasa por aumentar la eficacia de las normas ya existentes. Pese a contar desde hace años con herramientas como la Directiva de Igualdad Racial, Bruselas constata que su aplicación sigue siendo desigual y poco contundente en varios Estados miembros.
Ante este escenario, el Ejecutivo comunitario se ha comprometido a revisar de forma exhaustiva cómo se está aplicando la directiva en cada país y a presentar un informe con propuestas para reforzar los regímenes sancionadores nacionales. Entre las medidas que se barajan figuran multas realmente disuasorias, la exclusión de concursos públicos o la inhabilitación profesional en casos graves de discriminación.
La Comisión ha señalado también a la inteligencia artificial como un nuevo foco de riesgo, al considerar que la complejidad y la opacidad de determinados sistemas automatizados dificultan tanto la detección como la demostración de prácticas discriminatorias.
Barreras en empleo, educación y vivienda
El segundo pilar del plan se orienta a derribar los obstáculos que impiden el acceso en igualdad de condiciones a la educación, al mercado laboral o a una vivienda digna para determinados grupos. Se trata de una discriminación que, según Lahbib, no siempre es visible, pero que se reproduce de forma constante mediante decisiones y prácticas que restringen sus oportunidades reales.
Para hacer frente a estas brechas, Bruselas ha avanzado que pondrá en marcha este año un proyecto conjunto con la UNESCO para reforzar la educación antirracista y proporcionar formación específica al profesorado en la detección de sesgos, estereotipos, acoso y discursos de odio desde las primeras etapas educativas.
En el terreno laboral, la Comisión prevé estrechar la colaboración con entidades especializadas en diversidad con el fin de promover entornos de trabajo más inclusivos. En cuanto a la vivienda, se impulsarán iniciativas para combatir la segregación residencial y prevenir situaciones de sinhogarismo.
Planes nacionales y refuerzo del presupuesto europeo
El tercer eje de la estrategia se centra en intensificar la cooperación con los Estados miembros. Lahbib ha advertido de que, en la actualidad, solo 14 países de la UE disponen de planes nacionales específicos de lucha contra el racismo, una cifra que Bruselas considera claramente insuficiente y que aspira a extender al conjunto de los Veintisiete mediante una coordinación más estrecha.
En el ámbito financiero, el Ejecutivo comunitario ha anunciado su intención de duplicar el Fondo Europeo para la Igualdad hasta los 3.600 millones de euros en el próximo marco financiero plurianual de la UE. Con este incremento, la Comisión pretende reforzar las políticas contra la discriminación y apuntalar la cohesión social y democrática en el conjunto de la Unión.