Sin embargo, detrás del despliegue militar y del discurso político emerge un factor económico adicional clave que explica la urgencia y la contundencia de la ofensiva: el cuestionamiento del sistema del petrodólar y el papel creciente de China en el mercado energético venezolano.
La escena posterior -con celebraciones de venezolanos en varias capitales europeas tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump- contrasta con la lectura estratégica que se impone en los centros de poder. Para Washington, lo ocurrido en Caracas no es solo un cambio político, sino una corrección de rumbo en el tablero energético y financiero global.
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Venezuela como laboratorio financiero fuera del dólar
Desde 2024, Venezuela había comenzado a vender petróleo a China al margen del dólar estadounidense, utilizando yuanes, su versión internacionalizada (renminbi), y criptomonedas estables vinculadas al dólar. Este mecanismo permitía a Caracas eludir sanciones occidentales y reducir su exposición al sistema financiero tradicional, mientras los pagos quedaban depositados en entidades radicadas en China.
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El experimento no era menor. El pasado año, China llegó a absorber más del 80% del crudo venezolano destinado a exportación, convirtiendo al país sudamericano en un caso de prueba para esquemas alternativos al circuito financiero dominado por Estados Unidos. Otros actores observaban con atención: Irán y Rusia ya exploraban fórmulas similares, mientras Brasil y Arabia Saudí analizaban vías para liquidar parte de su comercio energético fuera del dólar.
La amenaza al sistema de los petrodólares
El sistema del petrodólar, vigente desde la década de 1970, ha sido uno de los pilares de la hegemonía económica estadounidense. Durante décadas, la facturación del petróleo en dólares garantizó que enormes flujos de divisa regresaran al sistema financiero de Estados Unidos, financiando deuda, consumo e influencia global.
La experiencia venezolana introducía una fisura peligrosa en ese modelo. Si otros productores seguían el mismo camino, el impacto podría trasladarse a la economía estadounidense en forma de mayor presión inflacionaria, encarecimiento del crédito y tensiones políticas internas. En Washington, esta posibilidad llevaba meses encendiendo las alarmas, especialmente ante las elecciones legislativas de medio mandato a -las famosas midterms- de noviembre de 2026.
La presión fiscal de Estados Unidos y el factor deuda
El contexto económico interno de Estados Unidos añade una capa adicional al análisis. Solo este año, el Tesoro estadounidense deberá afrontar cerca de un billón de dólares en intereses de deuda, a lo que se suma un importante muro de vencimientos que obligará a refinanciar una parte sustancial de la deuda pública.
A ello se une un dato especialmente sensible: China ha reducido de forma significativa su exposición a los bonos del Tesoro estadounidense en la última década. Pekín ha ido disminuyendo sus tenencias desde máximos históricos hasta niveles no vistos en más de quince años, una estrategia ligada a su política deliberada de desdolarización y a la desconfianza generada por la congelación de activos rusos tras la guerra de Ucrania.
Energía, sanciones y tensiones con la industria estadounidense
Las sanciones prolongadas sobre Venezuela también han tenido efectos colaterales dentro de Estados Unidos. El crudo venezolano, de tipo pesado, era especialmente adecuado para varias refinerías norteamericanas, diseñadas durante décadas para procesar ese tipo de petróleo. La interrupción del suministro ha obligado a buscar alternativas menos eficientes y ha incrementado la presión sobre empresas energéticas con fuerte peso político.
Aunque algunas licencias especiales permitieron exportaciones limitadas hasta principios de 2025, su cancelación agravó el problema. Para Washington, recuperar el control del flujo energético venezolano no solo es una cuestión geopolítica, sino también industrial y doméstica.
La respuesta de Washington: economía, disuasión y fuerza
Ante este escenario, Estados Unidos ha desplegado una estrategia múltiple: presión diplomática, sanciones comerciales, aranceles punitivos y un refuerzo notable de su presencia militar en el Caribe. El objetivo declarado es restablecer el control sobre el circuito energético y financiero, disuadir a intermediarios y frenar rutas alternativas hacia Asia.
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El despliegue naval y la presión sobre buques sospechosos de transportar crudo sancionado han generado controversia jurídica y diplomática, con acusaciones de actuaciones al límite del Derecho Internacional. Al mismo tiempo, estas medidas han reforzado, paradójicamente, la determinación de China y de otros países del Sur Global de reducir su dependencia del dólar.
Venezuela, epicentro de una tensión global
Lejos de ser un episodio aislado, Venezuela se ha convertido en un nodo central de la pugna entre potencias. Energía, finanzas y seguridad confluyen en un escenario donde ninguna salida parece sencilla. Ni la oposición venezolana aparece unida, ni el régimen saliente ofrece estabilidad, ni en Washington existe consenso pleno sobre los costes de una implicación prolongada.
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Un tablero abierto con riesgos crecientes
El movimiento de Estados Unidos busca reafirmar poder y control, pero no está exento de riesgos: litigios internacionales, desgaste de imagen, fracturas internas y una aceleración del mundo hacia un orden más multipolar. Encuestas recientes reflejan incluso una percepción creciente, dentro de la propia sociedad estadounidense, de que la influencia global del país se ha debilitado, mientras la de China aumenta.
En este contexto, Venezuela ya no es solo un país en crisis, sino una pieza crítica del puzzle geopolítico del siglo XXI, donde cada decisión tiene consecuencias que van mucho más allá de sus fronteras.