QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su «profunda preocupación» por la decisión del Congreso de Perú de inhabilitar durante diez años a la fiscal general, suspendida desde septiembre, Delia Espinoza. El organismo ha llamado a garantizar la «objetividad e imparcialidad» previstas en la normativa peruana en los procesos contra autoridades judiciales.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, la CIDH ha remarcado que «Todos los proceso contra personas operadoras de Justicia deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso» y ha enfatizado que estos cargos «cuentan con garantías reforzadas de estabilidad». Por ello, ha insistido en que «toda remoción debe obedecer las causas permitidas y procedimientos justos».
La Comisión ha alertado, además, del riesgo que suponen para la «separación e independencia de los poderes» las inhabilitaciones de fiscales y de integrantes de otros órganos autónomos acordadas por el Parlamento, especialmente «cuando no se respetan el debido proceso y el principio de legalidad».
El Congreso peruano aprobó a comienzos de diciembre la sanción contra Espinoza con 71 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones, atribuyéndole presuntos delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, contra la fe pública y prevaricación.
La medida prosperó después de que en una primera votación solo se alcanzaran 63 de los 68 apoyos necesarios. Dos legisladores pidieron entonces reconsiderar la votación, apoyándose en un informe que acusa a la fiscal de desobedecer la Ley 32130, que devuelve a la Policía la competencia sobre las investigaciones preliminares.
Antes de la votación definitiva, Espinoza intervino ante el pleno y denunció un ataque al Estado de derecho por parte de los congresistas, a quienes reprochó «manchar, truncar una carrera que no es política (…) solamente por votos, por consignas políticas, por odio, venganza, por revancha».
La fiscal ha afrontado un proceso disciplinario en el que destaca el expediente iniciado a mediados de septiembre por la Junta Nacional de Justicia, que consideró que incurrió en faltas muy graves y vulneró la ley al no ejecutar la resolución que restituía en el cargo de fiscal de la Nación a su antecesora, Patricia Benavides, apartada por presunta corrupción y señalada por tráfico de influencias. La exfiscal sostuvo entonces que el procedimiento está «plagado de ilegalidades».
