Un numeroso conjunto de organizaciones ecologistas ha interpuesto una demanda contra la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, derogara una normativa que establecía criterios climáticos para limitar la emisión de gases de efecto invernadero.
“Ignorar las evidencias científicas sobre la amenaza que la contaminación atmosférica representa para la salud envía un mensaje equivocado a las comunidades de todo el país y el mundo”, ha expresado el director ejecutivo de la Asociación Americana de Salud Pública, Georges C. Benjamin, en un comunicado conjunto.
Por otro lado, el abogado principal del Centro de Derecho y Políticas Ambientales, Brian Lynk, ha recalcado que la medida no supone un “simple retroceso” en la lucha contra el cambio climático. “Tras dos décadas de evidencias científicas, la agencia no puede afirmar de manera creíble que los hallazgos de 2009 sean incorrectos”, ha dicho.
“Esta decisión imprudente y legalmente insostenible crea incertidumbre inmediata para las empresas, garantiza largas batallas legales y socava la estabilidad de las regulaciones climáticas federales”, ha aseverado Lynk.
En la misma línea, la abogada del Grupo de Litigios con Ciudadanos públicos, Adina Rosenbaum, ha sostenido que la revocación por parte de la EPA es “ilegal” y que provocará “efectos devastadores en la salud pública y un clima habitable durante décadas”.
La ofensiva judicial llega después de que Trump anulara la norma, argumentando que esta “política desastrosa”, basada en “mentiras”, ha causado “graves daños” a la industria automovilística y ha “elevado enormemente los precios” para los consumidores.
La regulación, aprobada bajo el mandato del expresidente Barack Obama, se apoyaba en conclusiones científicas que señalaban que el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y otros tres gases de efecto invernadero suponen una amenaza para la seguridad pública.
Esta ley sirvió como pilar jurídico de diversas iniciativas federales destinadas a controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular en el sector del automóvil, las refinerías y la industria manufacturera. Paralelamente, la Administración Trump ha abandonado el Acuerdo de París y ha impulsado varias medidas para favorecer la extracción y producción de petróleo crudo, gas natural, uranio y carbón.