QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Colegio Colombiano de Juristas ha manifestado profundas preocupaciones acerca de la legalidad de ciertos elementos en la sentencia emitida este viernes contra el exmandatario Álvaro Uribe, quien fue condenado a 12 años de arresto domiciliario por soborno a testigos y fraude procesal. En particular, señalan falencias en las interacciones entre abogado y cliente, además de la excesiva extensión — más de 1.000 páginas — y la intrincada estructura del veredicto.
La entidad ha mostrado su inquietud por partes del proceso que podrían haber comprometido «derechos como la privacidad de las comunicaciones abogado-cliente, la imparcialidad e independencia judicial, la publicidad de las actuaciones, el derecho a la valoración de las pruebas solicitadas por la defensa y la proporcionalidad en la imposición de penas y medidas restrictivas de la libertad».
«En el marco de este proceso, la Procuraduría (Fiscalía) General de la Nación advirtió que la interceptación y utilización de dichas comunicaciones vulnera el secreto profesional, el derecho a la intimidad y el debido proceso, principios esenciales para la defensa técnica», han expresado los juristas.
Adicionalmente, el Colegio Colombiano de Juristas expresa su descontento frente a «la extensión y estructura» de un fallo «que supera el millar de páginas, plantea un problema de proporcionalidad y eficacia en la motivación judicial».
«La claridad, concisión y coherencia no son requisitos accesorios, integran el debido proceso y el principio de publicidad, pues permiten a las partes y a sus defensores ejercer cabalmente los recursos y derechos que la ley les reconoce», indicaron.
Por otro lado, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, ha hecho un llamado este sábado a los seguidores del expresidente para que, independientemente de su postura, respeten «sin intimidación» a los jueces del país, especialmente a la magistrada Sandra Heredia, responsable de emitir el veredicto contra Uribe.
«Estigmatizar a quien cumple con su deber constitucional de impartir justicia socava la independencia judicial y su legitimidad institucional», ha declarado Marín. «Los señalamientos y campañas de desprestigio en contra de jueces y juezas no sólo socavan la independencia judicial sino que pueden llevar ataques violentos en contra de los servidores públicos de los servidores judiciales como ha ocurrido en el pasado», agregó.
