Un tribunal de Corea del Sur ha impuesto este miércoles una pena de 23 años de cárcel al ex primer ministro Han Duck Soo, estrecho colaborador del destituido presidente Yoon Suk Yeol, tras considerarle culpable de delitos de insurrección vinculados a la declaración, en diciembre de 2024, de la polémica ley marcial que acabó provocando la caída del Ejecutivo.
“El acusado ha sido condenado a una pena privativa de libertad de 23 años”, ha fallado el tribunal durante una vista retransmitida en directo. La Fiscalía había solicitado 15 años de prisión para el ex jefe de Gobierno, pero los magistrados han concluido que la proclamación de la ley marcial supuso un delito especialmente grave que puso en riesgo la democracia y el funcionamiento de las instituciones surcoreanas.
Asimismo, el tribunal ha subrayado que el papel de Han fue “clave” en el desarrollo de la crisis desatada ese mismo mes, según informaciones recogidas por el diario ‘The Korea Times’. Es la primera ocasión en que la Justicia de Corea del Sur califica estos hechos como insurrección, un precedente que podría pesar en el juicio contra el propio Yoon, que deberá responder en febrero por cargos de insurrección.
“La declaración marcial fue emitida con el objetivo de socavar el orden constitucional y constituye un acto de insurrección”, ha indicado el Tribunal de Distrito Central de Seúl, con sede en la capital.
Además, los jueces han recalcado que Han, en su condición de primer ministro, “tenía la obligación constitucional de restringir el uso arbitrario de los poderes de emergencia por parte del presidente”. El tribunal ha puesto el foco en su intervención en la tramitación de un decreto elaborado tras la proclamación de la ley marcial, cuyo fin era corregir supuestos defectos de procedimiento en la orden inicial.
Han también ha sido declarado culpable por “consentir la imposición de medidas como cortar el suministro de electricidad y agua a las sedes de diferentes medios de comunicación, actos que, equivaldrían a desempeñar un papel operativo en la insurrección”.
Pese a ello, el ex primer ministro ha rechazado todas las acusaciones y ha defendido que no respaldó ni colaboró en la aplicación de la ley marcial. En su alegato final ante el tribunal, Han ha manifestado que “nunca estuvo de acuerdo con la ley ni tuvo intención de apoyarla”, al tiempo que ha asegurado que intentó persuadir al presidente para que no siguiera adelante.
El propio Yoon fue sentenciado la semana pasada a cinco años de prisión por varios de los delitos que se le atribuían en el caso relacionado con la declaración de la ley marcial. Entre los cargos figuran obstrucción a la justicia —por el bloqueo continuado a su propia detención—, abuso de poder y falsificación y destrucción de documentos. El fallo recoge, además, la “violación del derecho constitucional de los ministros”, a quienes Yoon habría impedido “deliberar sobre la imposición de la citada ley”.