Un tribunal de Camerún ha impuesto distintas penas de prisión a cuatro militares por su implicación en una matanza de civiles perpetrada en febrero de 2020 en una de las regiones de mayoría anglófona del país. El fallo llega después de que el propio Gobierno camerunés admitiera meses más tarde la implicación de efectivos del Ejército en los hechos y reconociera que los acusados trataron de hacer desaparecer pruebas.
La corte ha fijado condenas de entre cinco y diez años de cárcel para los procesados, identificados como Maxwell Tana Nfor, Gilbert Haranga, Cyrille Sanding Sanding y Baba Guida, por su participación en la muerte de 22 personas, entre ellas trece menores, según ha informado el portal de noticias local ActuCameroun.
Ilaria Allegrozzi, investigadora de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), ha censurado que la resolución judicial no contemple compensaciones económicas para los familiares de las víctimas. “Los oficiales de alto rango quedaron impunes y las sentencias son insuficientes”, ha señalado en redes sociales.
“Se perdió una oportunidad de rendición de cuentas”, ha añadido, subrayando además que “los asesinatos en Ngarbuh fueron uno de los peores incidentes de abusos cometidos por las fuerzas camerunesas”, en el contexto del conflicto que enfrenta a las autoridades con los grupos separatistas anglófonos en dos regiones del oeste del país.
En la misma línea crítica, Sother Menkem, uno de los letrados que representa a las víctimas, ha manifestado a la cadena británica BBC que “la sentencia es tan leve que puede calificarse de amistosa, ya que se está hablando de una masacre”, recordando que el Código Penal prevé penas de hasta diez años por delitos de asesinato e incendio.
La Presidencia de Camerún comunicó en abril de 2020 que las pesquisas sobre la matanza de Ngarbuh, en la Región Noroeste, confirmaban la responsabilidad de las fuerzas armadas en lo ocurrido en esta localidad, a la que describió como “un centro donde terroristas secesionistas se reagruparon y en un polo logístico para el suministro de armas, municiones y combustible para los grupos secesionistas”.
Según ese informe oficial, el mayor Charles Eric Nyiangono dio luz verde a una “misión de reconocimiento” encabezada por el sargento Baba Guida, que desplazó a la zona a tres soldados y dos gendarmes, reforzados por 17 integrantes de un “grupo local de vigilantes”. En el lugar se habrían producido enfrentamientos en los que murieron los civiles.
“Movidos por el pánico, los tres militares, con la ayuda de algunos miembros del comité de vigilantes, intentaron ocultar los hechos provocando incendios”, indicó la Presidencia, antes de precisar que Baba Guida “presentó un informe deliberadamente sesgado a sus superiores, sobre el que el Gobierno fundamentó su primer comunicado”.
Las dos regiones anglófonas de Camerún, Noroeste y Suroeste, antiguamente integradas en colonias británicas en África y posteriormente unidas al Camerún de herencia francesa, se han visto inmersas en un grave conflicto desde la represión de las protestas separatistas tras la autoproclamación de la independencia de Ambazonia el 1 de octubre de 2017.
Desde entonces, han surgido numerosos grupos armados y el respaldo popular a las tesis secesionistas, inicialmente limitado, se ha ido ampliando. La respuesta del Ejecutivo ha sido una fuerte represión, durante la cual diversas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han denunciado graves abusos y atrocidades por parte de las fuerzas de seguridad.