Dos antiguos agentes que defendieron el Capitolio durante el asalto del 6 de enero de 2021 han presentado este miércoles una demanda contra la Administración Trump por la puesta en marcha de un fondo cercano a los 1.800 millones de dólares (más de 1.500 millones de euros). El objetivo oficial de ese mecanismo es compensar a presuntas víctimas de lawfare durante el anterior mandato, pero los demandantes sostienen que podría acabar beneficiando económicamente a personas implicadas en la insurrección.
El exagente de la Policía del Capitolio Harry Dunn y el exmiembro del Departamento de Policía Metropolitana de Washington Daniel Hodges sostienen en su escrito, registrado ante un tribunal de la capital estadounidense, que el fondo vulnera la Decimocuarta Enmienda al destinar recursos federales a "pagar cualquier deuda u obligación contraída en apoyo de una insurrección o rebelión contra Estados Unidos".
Ambos policías argumentan además que el Departamento de Justicia carece de base legal para constituir este fondo, al que se le otorga la capacidad de emitir disculpas oficiales y conceder compensaciones económicas a presuntas víctimas de la "instrumentalización" del sistema y la "guerra jurídica", según ha informado Politico.
La creación de este instrumento se conoció después de que el Departamento de Justicia comunicara el lunes que, "como parte del acuerdo extrajudicial en el caso" de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Fiscalía había impulsado dicho fondo con el fin de "atender las reclamaciones de quienes han sufrido abusos e ilegalidades".
En ese procedimiento, los demandantes --entre ellos el hijo del expresidente, Eric Trump, y la Organización Trump-- habían llevado a los tribunales al Departamento del Tesoro y al IRS por la filtración de sus declaraciones fiscales de 2019 y 2020. No obstante, el pacto alcanzado estableció que no percibirían "compensación monetaria ni indemnización de ningún tipo".
"La maquinaria gubernamental jamás debe usarse como arma contra ningún ciudadano estadounidense y la intención de este Departamento es corregir los errores cometidos anteriormente y garantizar que esto no vuelva a suceder", señaló el fiscal general interino, Todd Blanche, en un comunicado difundido tras conocerse el acuerdo.