Iván Duque, exmandatario de Colombia, ha defendido la inocencia de Álvaro Uribe, recientemente sentenciado, y ha acusado la existencia de ‘graves irregularidades’ en su juicio, instando a una respuesta internacional frente a las ‘injusticias’ sufridas por Uribe, en defensa del Estado de derecho y los Derechos Humanos.
‘El día de hoy, un grupo de expresidentes, cerca de 28, que somos miembros del Grupo Libertad y Democracia y del Grupo IDEA, hemos enviado una comunicación a varias organizaciones y organismos del sistema interamericano y también de la Organización de Naciones Unidas pidiendo la atención y la acción frente a todas las irregularidades que se han presentado en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. Por supuesto, también estamos mostrando cómo muchas de esas irregularidades van en contravía de tratados internacionales que protegen y tutelan los derechos humanos’, ha manifestado Duque, firmante de un comunicado conjunto publicado en sus redes sociales.
En la comunicación se señalan irregularidades como la ‘interceptación ilegal de comunicaciones privadas’, ‘filtraciones selectivas a medios de comunicación’, ‘sustento en testimonios no confiables’ y un ‘cambio intempestivo en la postura de la Fiscalía General de la Nación’, junto con otras ‘anomalías procesales’ detectadas en el juicio que concluyó con una sentencia de 12 años de arresto domiciliario para Uribe.
Duque y los demás firmantes exigen que ‘se ampare el derecho fundamental, interamericano y humano al debido proceso y a la debida defensa; se active el monitoreo internacional del proceso pertinente (…); se impongan medidas de protección, de conformidad con los mandatos internacionales en materia de derechos humanos; y se solicite al Estado colombiano información detallada, inmediata y completa sobre los estándares procesales aplicados y los correctivos implementados para garantizar un juicio justo’, según el documento.
El propósito de esta petición es ‘denunciar un patrón histórico estructural previo’ en la Justicia colombiana, cuyas consecuencias han llevado a una condena que ‘exige una atención oportuna desde los órganos internacionales’, a los cuales ‘respetuosamente’ se les ha pedido que otorguen al caso ‘la total prioridad que amerita’, para prevenir que se establezca como un precedente negativo en los sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos.
Esta solicitud se produce luego de que una jueza en Bogotá dictaminara este viernes la condena a doce años de arresto domiciliario a Álvaro Uribe, tras ser hallado culpable de soborno de testigos en actuación penal y por fraude procesal, aunque fue absuelto de un cargo de soborno simple, en un caso que data de 2012.
El caso se inició en 2012 cuando Uribe acusó al senador Iván Cepeda de buscar falsos testimonios en su contra relacionados con el origen del paramilitarismo en Antioquia. A pesar de ello, con el tiempo, evidencias indicaron que los abogados de Uribe intentaban manipular a testigos para inculpar a Cepeda, quien pasó de acusado a víctima, mientras que Uribe, de demandante a investigado.