El dirigente opositor venezolano Edmundo González, candidato en las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024, ha subrayado que la amnistía para los presos políticos que se discute en la Asamblea Nacional “no puede implicar impunidad”, sino que debe levantarse “sobre reglas claras, justicia y garantías institucionales”.
“Una ley de amnistía puede abrir el camino a la reconciliación, pero solo si cumple condiciones básicas: que nadie vuelva a ser perseguido por razones políticas, que todos puedan regresar sin miedo, que la verdad sea reconocida, que haya reparación para las víctimas y que existan garantías firmes de no repetición”, ha señalado.
De este modo, González insiste en que “una amnistía debe ser entendida como lo que es, en espíritu y letra”, y plantea que la norma ha de orientarse al “tipo de país” que se aspira a “reconstruir”. “Más allá de los tecnicismos legales, que debe tenerlos, una amnistía es un 'traje a la medida' de un país, no solo de una parte de este”, ha añadido en un mensaje difundido en sus redes sociales.
Sus declaraciones llegan en la antesala de la reanudación del debate en la Asamblea Nacional sobre el proyecto de ley promovido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que ha generado rechazo entre diversas ONG al exigir a los presos que se acojan a la medida el reconocimiento de hechos que afirman no haber cometido.
Paralelamente, familiares de detenidos por motivos políticos permanecen concentrados frente a centros de reclusión y otros edificios oficiales, entre ellos una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, donde un grupo de allegados mantiene una huelga de hambre desde el pasado sábado.
Hasta ahora, los diputados solo han dado luz verde a seis de los trece artículos de la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que contempla la posible excarcelación de personas acusadas de delitos cometidos desde 1999. Las diferencias entre el bloque opositor y el oficialismo en torno al séptimo artículo han dejado en suspenso la votación.
La polémica disposición establece que quienes se beneficien de la amnistía deberán ponerse “a derecho”, es decir, quedar a disposición de las autoridades competentes. En la práctica, esto obligaría a quienes se marcharon al exilio por la persecución a regresar a Venezuela y comparecer ante la Justicia para reconocer esos presuntos delitos.