El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha comunicado este jueves un nuevo paquete de sanciones dirigido contra el complejo turístico Kovay Gardens, junto a otros cinco ciudadanos y 17 compañías mexicanas relacionadas con una trama de fraude que favorece al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Ya sea a través del tráfico de fentanilo en nuestras fronteras u orquestando esquemas fraudulentos de régimen de tiempo compartido (propiedad multiuso), los cárteles terroristas de la droga como el CJNG sistemáticamente acosan a los estadounidenses para obtener ganancias”, ha manifestado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una nota oficial.
Washington ha descrito al CJNG como “uno de los cárteles más poderosos del mundo” y ha subrayado que ha ejecutado actos de extrema violencia contra el Ejército y las fuerzas policiales mexicanas, recurriendo con frecuencia a armamento de tipo militar o a drones equipados con explosivos, al tiempo que ha llevado a cabo “asesinatos o intentos de asesinato” contra altos cargos del país vecino.
El Tesoro ha precisado que el CJNG, que incluso ha “ejecutado a sus propios reclutas” por desobedecer órdenes, financia sus actividades mediante el narcotráfico y otras vías delictivas, como el robo de combustible, la extorsión y el engaño a través de propiedades de “tiempo compartido”, un sistema en el que varias personas adquieren de forma conjunta el derecho de uso de un inmueble.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el CJNG tomó el control de estas redes de estafa en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, y en la zona colindante conocida como la Bahía de Banderas. “Estas estafas complejas a menudo tienen como víctimas a estadounidenses mayores que pueden perder los ahorros de toda su vida”, han recalcado.
Los cárteles acceden a los datos de los propietarios mediante “cómplices” y posteriormente se ponen en contacto con las potenciales víctimas haciéndose pasar por abogados o intermediarios del sector, exigiendo el pago de supuestos “honorarios” o “impuestos anticipados”.
“Los estafadores se hacen pasar por bufetes de abogados, alegando que pueden iniciar procedimientos en nombre de las víctimas para recuperar fondos perdidos a cambio de un pago anticipado. En otros casos, se hacen pasar por funcionarios, alegando que las víctimas han realizado transacciones sospechosas”, indica el comunicado.
El FBI calcula que, entre 2019 y 2023, alrededor de 6.000 afectados habrían perdido casi 300 millones de dólares (254 millones de euros) en este tipo de engaños en México. Solo en 2024, las autoridades estadounidenses han recibido cerca de 900 denuncias relacionadas, con un perjuicio económico superior a los 50 millones de dólares (42 millones de euros).