La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) ha puesto en marcha el proceso para lograr el decomiso definitivo del petrolero 'Skipper', retenido en diciembre del año pasado, junto con 1,8 millones de barriles de petróleo venezolano suministrados por Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), que estarían presuntamente relacionados con Irán.
“El 'Skipper' y su cargamento son confiscables”, esgrime el FBI en su petición ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia “por constituir una fuente de influencia sobre el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)”.
La demanda de decomiso sostiene que, al menos desde 2021 y hasta la actualidad, se habría articulado un entramado para facilitar el transporte y la comercialización de productos petrolíferos en beneficio de la Guardia Revolucionaria. “Durante este tiempo, el 'Skipper' transportó petróleo crudo desde Irán y Venezuela y, mediante transferencias de barco a barco, lo entregó a diversos lugares del mundo, incluyendo a otros regímenes delincuentes”, según la demanda del FBI.
En una de las operaciones más recientes, en noviembre de 2025, el 'Skipper' habría cargado unos 1,8 millones de barriles de crudo procedente de Venezuela en la Terminal José del país caribeño. De ese volumen, alrededor de 1,1 millones de barriles estaban destinados, de acuerdo con el FBI, a Cubametales, la compañía estatal cubana de importación y exportación de petróleo, sancionada en julio de 2019 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).
El 10 de diciembre de 2025, agentes estadounidenses interceptaron el 'Skipper' en aguas internacionales en virtud de una orden judicial de incautación. En el momento de la operación, el buque navegaba bajo una falsa bandera de Guyana, lo que, según las autoridades, lo convertía en una embarcación apátrida. Posteriormente, el petrolero y su carga fueron trasladados a aguas próximas a la costa de Texas.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, la era de financiar en secreto regímenes que representan una clara amenaza para Estados Unidos ha terminado”, ha manifestado la fiscal general del país, Pam Bondi.