El Ejecutivo de Estados Unidos ha comunicado este martes la imposición de nuevas restricciones de visado contra miembros del Gobierno de transición de Sudán del Sur, encabezado por Salva Kiir. Washington les atribuye haber bloqueado la implementación del alto el fuego pactado en 2018 y haber desviado fondos de ayuda internacional, situando al país “al borde de la guerra total”.
En una nota oficial, el Departamento de Estado ha señalado que “está tomando medidas para restricciones de visado a los miembros del Gobierno de transición de Sudán del Sur”, a quienes acusa de haber “socavado la paz” y “avivado el conflicto” en este joven Estado africano.
La diplomacia estadounidense, que no ha detallado cuántos responsables ni qué nombres concretos se verán afectados, sostiene que el Ejecutivo sursudanés “lleva años obstaculizando la aplicación del Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto en República de Sudán del Sur (R-ARCSS)”, firmado durante el primer mandato del entonces presidente estadounidense Donald Trump.
El comunicado también responsabiliza a las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF), bajo control del presidente Kiir, de haber lanzado “una ofensiva militar en el norte del estado de Jonglei”, lo que habría provocado el desplazamiento de 300.000 personas y generado un escenario propicio para una “posible hambruna en gran parte” del territorio.
“También ha habido informes fiables de violaciones y abusos de Derechos Humanos, así como de asesinatos por motivos étnicos contra el pueblo nuer”, ha añadido el Departamento de Estado, aludiendo a la persecución de esta comunidad.
Por otro lado, la cartera dirigida por Marco Rubio ha señalado a funcionarios y entidades “corruptos” --mencionando de forma expresa a “Crawford Capital, Ltd.”-- a los que acusa de haber “desviado fondos del Tesoro de Sudán del Sur y sustraído fondos de ayuda exterior destinados a apoyar al pueblo sursudanés”.
Según Washington, estas prácticas han dejado a Sudán del Sur, independizado tras un referéndum de autodeterminación en 2011, “al borde de una vuelta a la guerra total”. El Departamento ha reiterado su respaldo a la población sursudanesa, “que desea vivir en paz y dignidad”.
“Seguiremos utilizando todos los medios a nuestro alcance para sacar a la luz y promover la rendición de cuentas de los miembros del Gobierno de Transición, los funcionarios de las SSPDF y otras personas que roban al pueblo de Sudán del Sur y amenazan la paz”, ha concluido el comunicado.