La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha comunicado la emisión de una nueva licencia que abre la puerta a que determinadas entidades legales puedan asesorar al Gobierno de Venezuela y a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en relación con una eventual reestructuración de su deuda.
De este modo, el Departamento del Tesoro estadounidense ha establecido en dicha licencia que quedan “autorizadas” ciertas operaciones previamente vetadas, siempre que sean “habitualmente inherentes y necesarias para la prestación de servicios jurídicos, de asesoramiento financiero y de consultoría” al Ejecutivo venezolano, a PDVSA y a “cualquier entidad en la cual PDVSA posea, directa o indirectamente, una participación del 50% o superior” con vistas a una posible reorganización de sus pasivos.
La licencia general 58, en la que se recoge esta medida, especifica que estos servicios abarcan también la “evaluación, el desarrollo o la preparación de opciones de reestructuración de la deuda, propuestas y materiales de apoyo relacionados”. Sin embargo, el texto deja claro que no se permite “la reestructuración, transferencia o liquidación” de la deuda ni las negociaciones directas entre Miraflores, PDVSA y sus filiales, y los acreedores.
Asimismo, el permiso excluye cualquier fórmula de pago por los servicios amparados por esta licencia general “que no sean comercialmente razonables, que impliquen canjes de deuda o pagos en oro, o que estén denominadas en moneda digital, monedas digitales o tokens digitales emitidos por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela, incluido el petro”, criptomoneda cuya preventa se lanzó en enero de 2018 y que está respaldada por los recursos naturales del país.
En paralelo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantendrá el régimen de sanciones sobre toda operación que involucre a personas situadas en Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, China o “cualquier entidad propiedad o controlada por dichas personas”. También continuará vetando cualquier transacción en la que intervengan personas físicas o jurídicas incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la OFAC.
Esta decisión llega pocas semanas después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hiciera público el restablecimiento de sus vínculos con Caracas, tras más de siete años de suspensión. Pese a ello, la nueva disposición de Washington sigue sin autorizar operaciones de renegociación, transferencia o quita de deuda con el Gobierno venezolano y la petrolera estatal, ni permite reestructurar los desequilibrios de sus cuentas públicas.