El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) de Chile, organismo encargado de supervisar la situación de las cuentas públicas, ha difundido un duro informe sobre la denominada megarreforma impulsada por el presidente chileno, José Antonio Kast. Según el documento, la iniciativa, convertida en eje central de su mandato desde su llegada a La Moneda, “presenta déficits fiscales al menos hasta 2031”, incluso “considerando el crecimiento”, y podría prolongar el desequilibrio hasta 2050 si este no se materializa.
“El impacto final del proyecto sobre el balance fiscal depende críticamente de la materialización del crecimiento económico proyectado”, ha señalado el CFA en su exposición ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, intervención que el propio Consejo ha resumido posteriormente en un comunicado público.
En su análisis, la entidad advierte de que, “sin el efecto del crecimiento, la iniciativa genera un deterioro fiscal permanente del 0,43% del Producto Interior Bruto (PIB) en régimen (2050)”. A su vez, detalla que, aun “incorporando el efecto crecimiento, el balance fiscal mejoraría al 0,78% del PIB en régimen (2050), pero en 2030 seguiría siendo deficitario en un 0,3% del PIB”.
El Consejo, de carácter autónomo, técnico y consultivo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, concluye también que entre 2026 y 2031 la megarreforma “genera un impacto fiscal neto negativo”. El informe añade que “para lograr la neutralidad fiscal en ese periodo se requerirán fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante, no contenidas en el proyecto” y subraya que, en la actualidad, “las fuentes de financiamiento no compensan los menores ingresos fiscales”.
Asimismo, el CFA recalca que “los costes fiscales (o menores ingresos) directos de las medidas se materializan con mayor certeza desde el primer año de vigencia. En contraste, los beneficios dinámicos asociados al mayor crecimiento se incorporan de forma gradual en el tiempo y con mayor incertidumbre respecto del momento de materialización de los efectos, y de la velocidad y magnitud de transmisión hacia PIB y recaudación”.
Este desfase temporal, advierte el órgano, podría “afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas”. “De no materializarse parcial o totalmente los mayores ingresos proyectados por la vía del crecimiento, podría observarse un deterioro fiscal adicional al del escenario del informe fiscal, presionando aún más el contexto de estrechez fiscal”, ha añadido en su presentación, en la que, pese a todo, valora “especialmente que el proyecto priorice el crecimiento económico y promueva la eficiencia del gasto”.
En sus conclusiones, el Consejo insiste en que “el proyecto presenta déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando el efecto crecimiento, y se han identificado diversos riesgos que podrían aumentarlos”. Subraya igualmente que la megarreforma “compromete gasto fiscal con alta certeza en el corto plazo y reduce ingresos permanentes, mientras que los efectos positivos dependen de ingresos futuros más inciertos asociados al crecimiento”. Todo ello “podría traducirse en un deterioro del balance fiscal si este no se materializa en la magnitud y velocidad estimadas”.
Ante este escenario, el organismo recomienda que, “dada la envergadura del proyecto y sus impactos (...) se aborden los espacios de mejora y se analice en conjunto con las proyecciones fiscales actualizadas en el próximo Informe de Finanzas Públicas, la definición de las nuevas metas fiscales y el plan de acciones correctivas por el desvío de la meta de 2025”.
Tras la difusión del informe, el Gobierno de Kast ha reaccionado a través del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien ha indicado que el Ejecutivo estudiará con detalle las observaciones del Consejo antes de fijar una postura: “Nosotros lo hemos conocido recientemente, hace unas pocas horas este informe y por lo tanto lo tenemos que analizar detenidamente en su mérito y lo responderemos en tiempo y forma oportunamente”, ha señalado en declaraciones al diario ‘La Tercera’.
La iniciativa estrella del Gobierno ultraconservador, denominada oficialmente “Ley de reconstrucción y desarrollo económico y social”, busca impulsar el crecimiento de Chile mediante más de 40 medidas estructuradas en cinco ejes: competitividad tributaria, fortalecimiento del empleo formal, desregulación, seguridad jurídica y contención del gasto público.
Según expuso a mediados de abril el jefe del Estado en La Moneda, el proyecto no es una “agenda ideológica”, sino “una oportunidad para que los chilenos, en unidad” cambien “el rumbo pensando en las futuras generaciones”. Por ello, pidió al Congreso tramitar la propuesta “con urgencia y con altura de miras”.