El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha denunciado este martes un endurecimiento de la "campaña de represión" dirigida contra reporteros y medios de comunicación en varios países del golfo Pérsico, a raíz de la ofensiva iniciada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, una escalada que, según advierte, corre el riesgo de "convertirse en permanente".
En su comunicado, el CPJ indica que se han detectado más casos de detenciones, amenazas, así como presiones legales y económicas contra periodistas y organizaciones informativas en la zona. Este incremento representa una "amenaza significativa y poco conocida para la libertad de prensa en estos países, donde las libertades de estos profesionales ya se encontraban de por sí gravemente restringidas".
El organismo subraya que "muchos de estos incidentes no se han hecho públicos ya que los periodistas y los medios temen nuevas represalias por parte de las autoridades. El CPJ advierte de que esto apunta a una represión cada vez mayor que está redefiniendo cómo se informa sobre la guerra de Irán".
En este sentido, recuerda que, si bien "las limitaciones a la información suelen ser justificables durante un conflicto activo para proteger los movimientos de tropas o permitir operaciones militares eficaces, las restricciones actuales van mucho más allá de las auténticas preocupaciones en materia de seguridad nacional".
El documento incide en que "estas nuevas medidas utilizan un lenguaje ambiguo para criminalizar la información que socava las narrativas estatales o la moral pública. Al actuar contra los periodistas no por revelar secretos sino por compartir información verificada y de dominio público, las autoridades están eludiendo las necesidades de seguridad tradicionales para imponer la conformidad ideológica".
El CPJ sostiene además que lo que trasciende a la opinión pública es "solo la punta del iceberg". La directora regional de CPJ, Sara Qudá, recalca que "más allá de los casos que podemos confirmar públicamente, hay un número creciente de agresiones que no se denuncian, silenciadas por el miedo a nuevas represalias".
Qudá alerta de que "este clima de intimidación está obligando a los periodistas a la autocensura, ahogando el flujo de la verdad en su origen. No podemos permitir que esto se convierta en la norma. Los gobiernos deben actuar ahora para proteger la libertad de prensa, garantizar la rendición de cuentas y crear condiciones en las que los periodistas puedan informar sin miedo".
Precedentes históricos y riesgo de permanencia
El CPJ sitúa "un escalofriante precedente histórico" en el núcleo de esta situación. Advierte de que "la preocupación es que estas restricciones de emergencia en tiempos de guerra no se desmantelen cuando cesen los combates. La historia demuestra que las leyes promulgadas durante las crisis --como el Estado de Seguridad Nacional de Bahréin de 2011, que estableció un marco legal de censura que persistió mucho después de que terminara la emergencia-- suelen sobrevivir a su propósito original, convirtiéndose en elementos permanentes utilizados para sofocar la disidencia en tiempos de paz".
El informe menciona que, en Estados como Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Qatar, las autoridades han recurrido a argumentos similares para arrestar a periodistas y trabajadores de los medios desde el estallido de la guerra, siguiendo un patrón común.
Según el CPJ, "estos casos implican sistemáticamente el castigo a personas y medios de comunicación por actividades periodísticas rutinarias, como fotografiar, filmar o publicar información sobre acontecimientos que tienen lugar a la vista del público".