El Defensor del Pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, ha negado que se produjera fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 12 de abril, aunque ha reconocido la existencia de "hechos irregulares" vinculados a los fallos logísticos que obligaron a extender la votación un día más.
"No existen pruebas fehacientes de fraude electoral; sin embargo, sí cuestionamientos a hechos irregulares", ha señalado Gutiérrez, apoyándose en los informes remitidos por diversas misiones de observación electoral y por la Fiscalía, durante una rueda de prensa ofrecida este jueves y recogida por la cadena peruana RPP.
En su comparecencia, Gutiérrez ha criticado la actuación de determinados funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a quienes ha reprochado un "marcado desconocimiento" de sus atribuciones constitucionales en los locales de votación.
Según ha explicado, algunos de estos funcionarios "no brindaron la colaboración oportuna debida a instituciones como el Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y también a algunas misiones de observación de observadores".
La descoordinación entre personal de la ONPE y del JNE se habría evidenciado "particularmente en Lima Metropolitana" durante las tareas de despliegue y recogida del material electoral, "generando acusaciones mutuas de grave negligencia y responsabilidad que atentan contra la confianza en el sistema electoral".
La primera vuelta quedó así condicionada por estos contratiempos organizativos en varios centros de votación, donde se registró escasez de material electoral e incluso cierres de locales, lo que derivó en la destitución del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, ahora investigado por estos hechos.
Su labor quedó cuestionada después de que alrededor de 60.000 ciudadanos, en su mayoría en Lima, denunciaran dificultades para ejercer su derecho al voto. Ante esta situación, las autoridades peruanas optaron por prolongar la jornada electoral hasta el 13 de abril. Aun así, las misiones internacionales de observación electoral rechazaron la existencia de fraude, pese a las acusaciones formuladas por algunos candidatos.
Entre quienes han puesto en duda el proceso figura Rafael López Aliaga, tercero con el 98% por ciento de las actas escrutadas y a solo 23.000 votos del aspirante de izquierdas, Roberto Sánchez, quien previsiblemente disputará la segunda vuelta del 7 de junio con Keiko Fujimori, que afronta su cuarta candidatura presidencial.