El máximo responsable de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, Kash Patel, ha accedido a realizar una prueba de detección de consumo problemático de alcohol después de un bronco cruce de reproches en el Congreso con el senador demócrata Chris Van Hollen. El legislador se ha basado en un reportaje de la revista The Atlantic que menciona un supuesto comportamiento errático y ausencias sin justificar por parte de Patel vinculadas a una ingesta excesiva de alcohol.
Tras varios minutos de rifirrafes, el director del FBI ha acabado aceptando la propuesta de Van Hollen de someterse a un cuestionario de diez ítems conocido como Prueba de Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol (AUDIT), solicitado por los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. “Vamos (...) Uno al lado del otro”, ha respondido finalmente Patel al senador.
Durante la audiencia, Van Hollen ha traído a colación el citado artículo de The Atlantic, que Patel ha rechazado de plano. El senador ha recalcado que “realmente no me importa su vida personal, siempre y cuando sea capaz de desempeñar sus responsabilidades públicas y oficiales, que son responsabilidades enormes”, antes de remarcar que “múltiples informaciones, incluida una de The Atlantic, han alegado episodios de consumo excesivo de alcohol, ausencias inexplicables y comportamientos que preocupan a funcionarios actuales y antiguos del FBI y del Departamento de Justicia”.
El legislador ha insistido en que “cuando sus actos privados le impiden desempeñar sus funciones públicas, tenemos un grave problema. No puede desempeñar esas funciones públicas si está incapacitado”, y ha cuestionado tanto a Patel como a otros altos cargos de seguridad sobre cómo reaccionarían si un subordinado mostrase signos de beber en exceso.
En la misma línea, Van Hollen ha señalado que “estos informes sobre su conducta, incluidos los que indican que estaba tan borracho y con tanta resaca que su personal tuvo que forzar la entrada a su casa, son extremadamente alarmantes. De ser ciertos, demuestran un grave incumplimiento de su deber y una traición a la confianza pública”.
Patel, por su parte, ha calificado estas informaciones de “inequívocamente falsas” y ha contraatacado lanzando acusaciones contra el propio senador. Le ha reprochado haber tomado “margaritas en El Salvador a costa del contribuyente con un violador convicto”, en referencia a un encuentro de Van Hollen con Kilmar Ábrego García, un hombre deportado de forma irregular y encarcelado entonces en ese país, que no ha sido acusado de agresión sexual ni condenado por delito alguno, al contrario de lo sostenido por el director del FBI.
En relación con los “margaritas”, Patel ha aludido a unas copas colocadas, según explicó el senador demócrata, por miembros del Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con la intención de “engañar a la gente”. Van Hollen ya aclaró en su momento: “Que quede bien claro: ninguno de los dos tocó las bebidas que teníamos delante”, una versión que ha reiterado ahora al insistir en que “nadie bebió margaritas, agua con azúcar ni nada parecido”.
Ante estas palabras, Van Hollen ha reprochado al responsable del FBI que, en lugar de aclarar las sospechas, se haya dedicado a difundir “declaraciones demostrablemente falsas” que ha descrito como “una especie de leyenda urbana en los medios de derecha”.
El senador ha añadido que “que un director del FBI haga declaraciones demostrablemente falsas en una audiencia como esta es sumamente preocupante, y me lleva a preguntarme si las demás cosas que ha dicho también son falsas”, y le ha interpelado en varias ocasiones sobre si era consciente de que mentir al Congreso constituye un delito. Patel ha negado en todo momento haber incurrido en perjurio durante su testimonio.
Pese al choque político, el director del FBI ha terminado aceptando la prueba solicitada por los demócratas para esclarecer las sospechas sobre su supuesto consumo de alcohol, origen también de la demanda que presentó contra la revista y contra la periodista responsable del reportaje, Sarah Fitzpatrick, en la que reclama 250 millones de dólares (más de 212 millones de euros) en concepto de daños. La publicación, sin embargo, se ha comprometido a respaldar tanto el artículo como a su redactora, que ha defendido haber hablado con “más de dos docenas de personas”, entre ellas “funcionarios actuales y exfuncionarios del FBI, personal de agencias policiales y de Inteligencia, trabajadores de la industria hotelera, miembros del Congreso, operadores políticos, lobistas y exasesores”.