El senador y antiguo jefe de la Policía de Filipinas, Ronald Dela Rosa, sobre quien pesa una orden de detención dictada por el Tribunal Penal Internacional (TPI), ha asegurado este martes que está dispuesto a ponerse en manos de las autoridades para ser arrestado y posteriormente trasladado a Países Bajos, siempre que sea encarcelado junto al expresidente Rodrigo Duterte, acusado de supuestos crímenes de lesa humanidad.
Dela Rosa permanece en paradero desconocido desde que el pasado jueves escapara de la sede del Senado, donde llevaba varios días atrincherado para evitar su arresto. Ahora ha matizado que aceptaría entregarse en esas condiciones, aunque ha subrayado que “debe haber una orden de arresto” en vigor antes de poder hacerlo.
“Si estamos en la misma celda estamos juntos, pero si no, si estamos alejados, no habrá comunicación entre nosotros y entonces nos debilitaremos”, ha señalado, de acuerdo con informaciones del diario ‘The Philippine Star’.
Pese a ello, ha insistido en que el TPI no tiene jurisdicción sobre Filipinas, en línea con lo que ya defendía anteriormente el propio Duterte, que permanece bajo custodia en la ciudad de La Haya a la espera del inicio del juicio por crímenes contra la humanidad vinculados a su campaña antidroga.
El pasado 23 de abril, la corte ratificó todos los cargos formulados contra el exmandatario y resolvió enviarlo finalmente a juicio. Su arresto y entrega han generado una intensa controversia en el país, donde conserva un sólido núcleo de seguidores, mientras su hija, la vicepresidenta Sara Duterte, ha hecho pública su intención de concurrir a las elecciones presidenciales previstas para 2028.
Paralelamente, el TPI ha concluido que existen “motivos razonables para creer que Dela Rosa es presuntamente responsable penalmente como coautor indirecto (de conformidad con el artículo 25(3)(a) del Estatuto de Roma) del crimen de lesa humanidad de asesinato” en el contexto de la “guerra contra las drogas” impulsada durante el mandato de Duterte.
En este sentido, el tribunal sostiene que el senador “participó en un plan común que se extendió aproximadamente desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 16 de marzo de 2019 para asesinar a presuntos delincuentes en Filipinas (incluidos aquellos percibidos o presuntamente asociados con el consumo, la venta o la producción de drogas)”.