El máximo dirigente de los talibanes, Hibatulá Ajundzada, ha promulgado un nuevo decreto que prohíbe las “acusaciones infundadas” y las “críticas públicas” dirigidas contra las autoridades del régimen, tanto a título personal como a través de los medios de comunicación.
Ajundzada justifica esta disposición recurriendo a las enseñanzas y a la tradición islámica recogidas en la 'sharia', en las que sustenta la legalidad de la medida. Según detalla la cadena en pashtún Amu TV, el líder advierte de que el incumplimiento conllevará castigos. La prohibición alcanza a toda la ciudadanía, incluidos los propios combatientes talibanes y los profesionales de la prensa.
En una segunda orden, Ajundzada amplía el periodo máximo de arresto de un sospechoso sin presentación de cargos, que pasa de 72 horas a diez días. “Nadie puede liberar a un detenido sin una orden judicial”, subraya el texto, difundido a través de la página web del Ministerio de Justicia talibán.
Hasta la entrada en vigor de este nuevo marco, la Policía tenía la facultad de dejar en libertad a un arrestado si concluía que no existían pruebas suficientes para formular cargos, mientras que los fiscales también podían ordenar la excarcelación.
El decreto prohíbe de forma explícita las torturas y los malos tratos a los detenidos, y determina que solo un tribunal islámico está autorizado para imponer castigos físicos. “Debe evitarse toda forma de tortura durante la detención, ya que la autoridad de imponer castigos reside únicamente en el tribunal”, precisa la disposición.
Desde su regreso al poder en 2021, tras la toma de Kabul mediante una ofensiva militar, los talibanes han reinstaurado la 'sharia' o ley islámica. Organizaciones de Derechos Humanos han denunciado que este entramado legal supone severas restricciones, entre ellas la prohibición de que las mujeres cursen estudios de secundaria o educación superior.