El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, ha apelado a la cohesión nacional tras la expiración este sábado del mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), subrayando que las instituciones y la democracia no se verán doblegadas por los desafíos que amenazan la estabilidad del país. En su mensaje, ha situado como ejes de su acción la organización de comicios libres y la erradicación de las bandas armadas.
“El Estado no dará marcha atrás”, ha prometido el mandatario antes de anunciar una “movilización continua” de las Fuerzas Armadas (FADH), la Policía Nacional (PNH) y la Fuerza de Represión de las Bandas (FRG) para “recuperar cada zona ocupada”.
El “rigor, la coordinación y la continuidad” de estos cuerpos serán, según ha defendido, la clave para desarticular a las bandas y a quienes las respaldan, que “no encontrarán ningún refugio” en territorio haitiano, de acuerdo con su discurso a la nación difundido por la agencia local AlterPresse.
Fils-Aimè ha recalcado que, aunque la etapa de transición política continúa abierta, su cometido al frente del Ejecutivo está claramente definido: lograr el “retorno a la legitimidad democrática” mediante las urnas.
En este sentido, ha reiterado que su objetivo central es convocar elecciones libres, “comprometidas con la no injerencia del Estado y la igualdad de trato de los candidatos”, en las que el aparato estatal no tome partido por “ningún candidato” y se limite a “garantizar la libertad del proceso electoral, la transparencia, la justicia y la igualdad de trato entre todos los actores políticos”. “El poder será entregado a dirigentes libremente elegidos por el pueblo”, ha zanjado.
Sin un esquema institucional definido que sustituya al CPT más allá de la figura del primer ministro, gran parte de las fuerzas políticas haitianas consideran que la siguiente etapa de la transición debería estar encabezada por un liderazgo dual, con un primer ministro y un presidente. No obstante, en su intervención, Fils-Aimè ha evitado cualquier mención a la posibilidad de un Ejecutivo bicéfalo.
El jefe de Gobierno ha reconocido asimismo la gravedad de la emergencia social y humanitaria que sufre Haití y ha avanzado un plan de choque centrado en la protección de los sectores más vulnerables, presentado como una “medida de seguridad y dignidad”.
Para ello, ha instado a las distintas fuerzas políticas, sociales y religiosas, así como al conjunto de la ciudadanía —sin distinción de sexo, edad o estrato social— a “superar las divisiones” y a apostar por la unidad nacional, advirtiendo de que el desenlace de la fase final de la transición hacia la estabilidad y la democracia depende de ese consenso interno.
Estas palabras se producen tras la disolución del CPT, órgano creado para tratar de encauzar un país golpeado durante décadas por desastres naturales, pobreza estructural y violencia tanto política como de grupos criminales. El Consejo concluye su mandato este sábado sin haber cumplido los objetivos fijados desde su puesta en marcha en abril de 2024: no ha logrado pacificar el territorio ni concretar un calendario electoral más allá de una imprecisa hoja de ruta que remitía la renovación de autoridades al segundo semestre de 2026.
A comienzos de 2024, una nueva escalada de violencia sacudió Haití y forzó la renuncia del entonces primer ministro, Ariel Henry. Muy cuestionado y tras varios años de inestabilidad, había llegado al cargo en 2021, después del asesinato del presidente Jovenel Moise en su residencia oficial a manos de un comando armado.
En la actualidad, según el jefe de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (la BINUH), el país atraviesa una “fase crítica” y “ya no tiene tiempo que perder en luchas internas prolongadas”: la tasa de homicidios en 2025 ha aumentado casi un 20% respecto a 2024. Solo en el último trimestre del año pasado, al menos 1.523 personas perdieron la vida por la violencia. En todo 2025, el balance supera los 5.915 muertos y 2.708 heridos.