El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, ha defendido que el presidente Nayib Bukele quebrase el “candado constitucional” para poder concurrir a cuantas citas electorales considere oportuno, amparándose en que dispone del respaldo mayoritario de la población. “No es que se esté reeligiendo, es que sigue gozando del apoyo popular”, ha argumentado.
“El 91,9% de los salvadoreños está apoyando su gestión”, ha defendido este miércoles en una conversación con la prensa organizada por la agencia EFE en Casa América, en Madrid. Según ha subrayado, Bukele actúa en función del apoyo de la ciudadanía, que primero le otorgó la Presidencia y posteriormente el control de la Asamblea.
“El pueblo dice, 'tú me estás dando lo que yo quiero', entonces te voy a dar otra oportunidad' (...) Entonces decidimos hacer estas modificaciones constitucionales” que responden, según Ulloa, a “dinámicas de la sociedad democrática donde los pueblos toman decisiones de manera libre, directa y segura”.
El vicepresidente ha quitado importancia a las críticas sobre las reformas de la Carta Magna que permiten la reelección indefinida y ha adelantado que Bukele continuará presentándose, a un año de una nueva cita con las urnas. “Si no, defraudaría al pueblo”, ha señalado en un acto en el que también ha cargado duramente contra los medios de comunicación.
“Decidimos hacer estas modificaciones constitucionales para abrir las puertas de que se pudiera hacer primero un segundo periodo y ahora todas las veces que el pueblo lo diga, se puede presentar, pero si la gente no lo vota, ¿cuántos se han presentado en varios países de América Latina y no salen electos?”, ha justificado Ulloa.
El número dos del Gobierno salvadoreño ha indicado que este apoyo del que disfruta Bukele se refleja en la amplia aceptación del régimen de excepción, que está a punto de cumplir cuatro años. En este tiempo se ha detenido a cerca de 100.000 personas por presuntos vínculos con las pandillas, de las cuales 8.000 han sido posteriormente puestas en libertad.
“El 96% quiere que continúe. Entonces, ¿por qué quitarlo?”, se ha preguntado Ulloa, en referencia a un periodo durante el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha contabilizado 7.000 denuncias por distintas violaciones, entre ellas detenciones arbitrarias, torturas y la muerte de más de 400 personas bajo custodia. “La gente se muere en las cárceles, en todos los sitios”, ha restado importancia.
En este sentido, ha sostenido que, aunque puedan existir casos concretos de funcionarios que hayan vulnerado Derechos Humanos —y que, asegura, son perseguidos—, ello no implica que exista una política de Estado, como, a su juicio, pretenden presentar las ONG, los organismos internacionales o la propia prensa.
“Jamás, desde que se decretó el 27 de marzo del 2022, ha afectado a una sola libertad pública”, ha asegurado Ulloa sobre el régimen de excepción, que, ha precisado, incide en dos garantías constitucionales: la posibilidad de mantener detenida a una persona sin acusación formal —plazo que se amplía de 72 horas a quince días— y la privacidad de las comunicaciones.
Ataques a la prensa y acusaciones a periodistas
Ulloa también ha reprochado a los medios de comunicación que centren sus preguntas en la situación de los presos en las cárceles salvadoreñas —donde, según el periodista en el exilio Óscar Martínez, uno de cada 57 habitantes está encarcelado sin un juicio con garantías— en lugar de interesarse, por ejemplo, por el aumento del turismo en el país.
“La prensa tiene su agenda (...) no quieren poner a un país donde corresponde, sino seguir la agenda”, ha insistido en sus críticas, negando que haya periodistas que se hayan visto obligados a abandonar El Salvador por temor a represalias por su labor, incluidos aquellos que han revelado los supuestos pactos de Bukele con las pandillas.
Según Ulloa, quienes se marchan lo hacen porque “se les acabó el negocio de negociar la información de la violencia” y ha mencionado el caso de “El Faro”, uno de los medios que sacó a la luz los vínculos del presidente con las maras. En esa línea, ha acusado a algunos reporteros de “convivir con las pandillas” para “vender libros”.
El vicepresidente ha sostenido que estos periodistas que han convivido con miembros de las pandillas podrían haber incurrido en un delito de comisión por omisión, ya que, durante el tiempo que pasaron con ellos, documentaron crímenes que no denunciaron ante la Fiscalía.
“Esos son los que han salido y esos son los que encuentran el eco acá, porque hay una agenda que seguir”, ha zanjado Ulloa.