El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha asegurado este viernes que existe un presunto operativo coordinado por Estados Unidos y respaldado por el Ejecutivo del actual mandatario boliviano, Rodrigo Paz, cuyo objetivo sería arrestarle o incluso acabar con su vida, en un contexto de creciente conflictividad política y social en el país.
“EEUU ordenó al Gobierno de Rodrigo Paz ejecutar una operación militar, con el apoyo de la DEA y el Comando Sur norteamericano, para detenerme o matarme”, ha manifestado Morales en un mensaje difundido en redes sociales. En esa misma publicación ha responsabilizado a autoridades bolivianas y estadounidenses de impulsar una campaña de “difamación, insultos y acusaciones sin pruebas” en su contra.
El exmandatario ha mencionado entre los supuestos promotores de este plan al exministro de Gobierno Carlos Sánchez y al viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, y ha afirmado que militares y agentes extranjeros estarían ya desplegados en la zona del Trópico de Cochabamba.
Además, Morales ha denunciado que efectivos de Inteligencia del Ejército y agentes antidroga estadounidenses habrían preparado un dispositivo para detenerle entre el viernes y el sábado. “Yo digo que me procesen, que me detengan, ojalá no me maten”, ha señalado durante su programa de radio, según recogen medios bolivianos.
El líder indígena ha rechazado igualmente las acusaciones del Gobierno que lo asocian con protestas violentas y con supuestos vínculos con el narcotráfico, y ha sostenido que el Ejecutivo pretende legitimar una militarización de las regiones donde conserva mayor apoyo político.
Sobre Morales pesa en la actualidad una orden de aprehensión en el marco de un caso de trata de personas con agravante. La Fiscalía de Bolivia confirmó este martes que solicitará una condena de 20 años de prisión para el exjefe de Estado, por la relación que mantuvo con una entonces menor de edad en la fase final de su mandato presidencial.
El exgobernante permanece en la región cocalera del Chapare, en pleno Trópico de Cochabamba, resguardado por sus bases, y no se ha presentado a ninguna de las citaciones judiciales. Desde la etapa del expresidente Luis Arce viene denunciando que se trata de una causa fabricada en su contra por las autoridades.
Advertencias de Paz ante intentos de “destruir la democracia”
Las acusaciones de Morales llegan después de que el Gobierno haya elevado el tono frente al exmandatario y los sectores movilizados en las últimas semanas.
En este contexto, Paz ha advertido este viernes de que quienes intenten “destrozar la democracia” deberán rendir cuentas ante los tribunales. “Esos que intentan desde el pasado destrozar esta democracia se van a ir a la cárcel, porque el valor de la democracia está por encima de cualquier interés personal”, ha declarado durante la presentación del Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), según el diario boliviano ‘El Mundo’.
El presidente ha subrayado asimismo que Bolivia vive un proceso democrático “irreversible”. “Le guste o no le guste al que quiera desmontar o destruir a la patria democrática”, ha remachado.
Paralelamente, el Ejecutivo ha redoblado sus señalamientos contra Morales y el llamado ‘evismo’. El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, ha vinculado las protestas y bloqueos que se registran en el país con “un plan macabro” financiado por el narcotráfico y dirigido a desestabilizar las instituciones democráticas, según la Agencia Boliviana de Información (ABI).
“Estas fuerzas oscuras quieren desestabilizar la democracia”, ha reiterado Gálvez, que también ha responsabilizado a Morales de las muertes ocurridas durante las movilizaciones y ha avisado de que quienes “conspiren contra la democracia” afrontarán consecuencias judiciales.
Las protestas y cortes de carreteras continúan afectando a varias zonas de Bolivia, en un clima de fuerte polarización política, agravado por la crisis económica, la falta de combustible y las pugnas internas dentro del oficialismo boliviano.