QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El gobierno de Israel ha deportado a 32 activistas internacionales que participaban en la recolección de aceitunas en las proximidades de Nablús, en territorio palestino ocupado, coincidiendo con el período de cosecha. Desde el Ministerio del Interior se ha informado que estos activistas, presuntamente vinculados a la Unión de Comités de Trabajadores Agrícolas, catalogada por Israel como organización ‘terrorista’, fueron sorprendidos organizando una manifestación la semana pasada en el cruce de Burin, en el norte de Cisjordania, contraviniendo una directiva militar.
El proceso de expulsión se realizó en colaboración con las autoridades migratorias, aunque no se precisó la nacionalidad de los activistas ni a qué países han sido enviados. ‘Esto refleja nuestra política de cero tolerancia hacia la incitación, el respaldo al terrorismo y la infracción de nuestra soberanía’, afirmó el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.
Yossi Dagan, presidente del Concejo Regional de Samaria, ha elogiado la intervención de las autoridades para ‘frenar las provocaciones’ y proteger los asentamientos israelíes. Por otro lado, la Unión de Comités de Trabajadores Agrícolas, fundada en 1986 y dedicada al desarrollo agrícola, fue declarada ‘terrorista’ en 2021 junto con otras cinco organizaciones, decisión que fue criticada por la ONU.
Recientemente, la oficina de la ONU en los territorios ocupados denunció ataques violentos por parte de colonos israelíes contra palestinos y cooperantes internacionales desde el comienzo de la cosecha de olivas. Ajith Sunghay, representante de la ONU en Palestina, destacó la dependencia de entre 80 y 100 mil familias palestinas de esta cosecha para su subsistencia y reiteró la obligación de Israel de terminar con la ocupación y la anexión de Cisjordania, según mandatos internacionales.
Este mismo día, el Parlamento israelí avanzó en la legislación para anexar Cisjordania, aunque sin el respaldo del partido Likud de Benjamin Netanyahu. La Corte Internacional de Justicia ha señalado en julio de 2024 que la política de asentamientos en la región viola normas internacionales y representa un esfuerzo de anexión.
