QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este lunes, la Fiscalía de Colombia ha interpuesto un recurso de apelación contra la sentencia que impone doce años de arresto domiciliario a Álvaro Uribe, expresidente de la nación, quien comenzó a cumplirla hace poco más de una semana. La acusación contra Uribe incluye soborno de testigos y fraude procesal, y la Fiscalía argumenta que la condena se sustenta en ‘conjeturas’.
El recurso, que consta de 81 páginas y fue presentado por el fiscal Bladimir Cuadro Crespo, solicita al Tribunal Superior de Bogotá la revocación de la pena, aludiendo a que la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda basó su decisión en ‘conjeturas’ y no en pruebas irrefutables que contradijeran la presunción de inocencia. ‘Los errores en la apreciación de la prueba (…) llevaron a la indebida aplicación de la figura de la determinación (artículo 30) y lo relativo a la tipicidad (artículos 10, 444A y 453 del Código Penal), así como a la falta de aplicación del artículo 7 de la Ley 906 de 2004, lo que necesariamente debió resultar en la absolución del procesado’, detalla el documento.
Según el magistrado, la sentencia no demostró que Uribe tuviera el conocimiento necesario para ser considerado responsable de los cargos, y criticó que el proceso no examinara a fondo este punto crucial de cada episodio del caso. Además de la detención domiciliaria, Uribe ha sido inhabilitado por más de ocho años y debe pagar una multa superior a los 3.444 millones de pesos, lo que equivale a aproximadamente 720.700 euros.
La jueza sostiene que Uribe, de 73 años y quien ha rechazado constantemente las acusaciones, alegando ser objeto de persecución política, incitó a intermediarios para manipular testigos en prisiones a fin de beneficiarse de sus declaraciones. De acuerdo con la investigación, el abogado Diego Cadena trató de ofrecer ventajas a varios exparamilitares para que modificaran sus testimonios sobre presuntos lazos de Uribe y su hermano Santiago con grupos paramilitares.
El litigio inició en 2012, cuando Uribe acusó al senador Iván Cepeda de colectar falsos testimonios en las prisiones sobre el auge del paramilitarismo en Antioquia. No obstante, tras presentarse evidencias, se sugirió que los letrados de Uribe intentaban influir en testigos para inculpar a Cepeda, quien pasó de acusado a víctima, mientras que Uribe, de demandante a investigado.
