QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este lunes, la Fiscalía de Colombia ha interpuesto un recurso de apelación contra la sentencia que impone doce años de arresto domiciliario a Álvaro Uribe, exmandatario del país, quien empezó a cumplir su condena hace poco más de una semana por los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal. La apelación se basa en la argumentación de que la decisión judicial reposa en ‘conjeturas’.
En un detallado documento de 81 páginas, presentado por el fiscal Bladimir Cuadro Crespo, se solicita al Tribunal Superior de Bogotá la revocación de la pena impuesta al expresidente. Se argumenta que la sentencia de la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda se fundamenta en ‘conjeturas’ y ‘no en evidencia contundente que desvirtúe la presunción de inocencia’.
‘Los errores en la apreciación de la prueba (…) llevaron a la indebida aplicación de la figura de la determinación (artículo 30) y lo relativo a la tipicidad (artículos 10, 444A y 453 del Código Penal), así como a la falta de aplicación del artículo 7 de la Ley 906 de 2004, lo que necesariamente debió resultar en la absolución del procesado’, se expone en el recurso.
El magistrado destacó que la condena en primera instancia no logró demostrar que Uribe ‘tuviera el grado de conocimiento exigible para atribuirle la presunta responsabilidad’ en los hechos imputados, argumentando que el juicio ‘no se ocupó de examinar detalladamente este aspecto clave para cada uno de los episodios’ judiciales.
Además de la reclusión en su domicilio, que inició hace una semana, Uribe enfrenta una inhabilitación de más de ocho años y una multa superior a los 3.444 millones de pesos, equivalente a 2.420 salarios mínimos (aproximadamente 720.700 euros).
La jueza declaró que Uribe, de 73 años y quien ha rechazado constantemente los cargos, alegando ser blanco de una persecución política, incitó a intermediarios para que influyeran en testigos dentro de prisiones nacionales con el fin de beneficiarse de sus declaraciones. Según las investigaciones, el abogado Diego Cadena habría tratado de ofrecer ventajas a varios exparamilitares para que modificaran su testimonio sobre los supuestos lazos entre el expresidente y su hermano, Santiago Uribe, con grupos paramilitares.
El litigio se originó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuestamente recolectar falsos testimonios en su contra relacionados con el origen del paramilitarismo en Antioquia. No obstante, tras presentar evidencias, se señaló que los abogados del exmandatario intentaban manipular a los testigos para incriminar a Cepeda, quien pasó de ser acusado a víctima, a diferencia de Uribe, quien de demandante pasó a investigado.
