QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este lunes, la Fiscalía de Colombia ha interpuesto un recurso de apelación contra la sentencia que impone doce años de arresto domiciliario a Álvaro Uribe, expresidente del país, quien comenzó a cumplir la condena hace poco más de una semana. La acusación es por soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal, argumentando que la decisión se basa en ‘conjeturas’.
En un documento de 81 páginas, el fiscal Bladimir Cuadro Crespo ha solicitado al Tribunal Superior de Bogotá la revocación de la condena impuesta por la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, quien, según el fiscal, se apoyó en ‘conjeturas’ y no en pruebas sólidas que contradigan la presunción de inocencia.
‘Los errores en la apreciación de la prueba (…) llevaron a la indebida aplicación de la figura de la determinación (artículo 30) y lo relativo a la tipicidad (artículos 10, 444A y 453 del Código Penal), así como a la falta de aplicación del artículo 7 de la Ley 906 de 2004, lo que necesariamente debió resultar en la absolución del procesado’, indica el documento.
El magistrado también cuestionó que la sentencia inicial no demostrara que Uribe ‘tuviera el grado de conocimiento exigible para atribuirle la presunta responsabilidad’ en los hechos imputados, señalando que el proceso no investigó adecuadamente cada episodio clave que llevó al exmandatario a enfrentarse a la justicia.
Además de arresto domiciliario, Uribe ha sido inhabilitado por más de ocho años y condenado al pago de una multa superior a 3.444 millones de pesos, unos 720.700 euros.
La jueza sostiene que Uribe, de 73 años y quien niega los cargos alegando persecución política, instó a emisarios a manipular testigos en prisiones para beneficiarse de sus declaraciones. Según las investigaciones, el abogado Diego Cadena habría tratado de ofrecer ventajas a exparamilitares para que modificaran sus testimonios sobre presuntos vínculos del expresidente y su hermano, Santiago Uribe, con grupos paramilitares.
El litigio inició en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuestamente recoger falsos testimonios en cárceles sobre el origen del paramilitarismo en Antioquia, acusación que cambió de dirección tras la presentación de evidencias, pasando de acusador a investigado.
