La ciudadanía de Guinea está convocada este domingo a unas elecciones presidenciales en las que se da por hecho que el líder de la junta militar surgida tras el golpe de Estado de 2021, Mamady Doumbouya, se impondrá en las urnas y conservará el control del país africano, pese a las críticas por su giro autoritario y por haber incumplido su promesa inicial de no concurrir como candidato tras la etapa de transición.
Doumbouya, antiguo comandante de las fuerzas especiales que dirigió el levantamiento que depuso a Alpha Condé en plena crisis postelectoral tras los comicios de 2021 --en los que la oposición denunció fraude--, aseguró entonces que entregaría el poder a un gobierno civil y culminaría una transición en la que los militares quedarían totalmente apartados de la vida política.
Entre las primeras medidas de la junta tras el golpe figuró la promulgación de la Carta de Transición, que vetaba a los miembros de las nuevas autoridades surgidas tras la caída de Condé para presentarse a futuros comicios, aunque no se fijó un calendario concreto para el proceso dentro del plazo de seis meses marcado por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), lo que elevó las tensiones internas.
Finalmente, las autoridades militares aceptaron un periodo de dos años para la transición, con la celebración de elecciones a finales de 2024, una fecha que fue incumplida alegando dificultades logísticas para organizar la votación. No obstante, Doumbouya anunció en su mensaje de Año Nuevo que en 2025 se celebrarían elecciones para apuntalar el proceso en marcha, en el que ya se había celebrado un referéndum constitucional boicoteado por la oposición y saldado con la victoria del 'sí' con cerca del 90 por ciento de los sufragios.
La nueva Constitución aprobada no incluyó ninguna cláusula que impidiera a los integrantes de la junta presentarse a los siguientes comicios, un elemento clave que abrió la puerta a la candidatura de Doumbouya a la Presidencia y que desató las críticas del principal opositor, Cellou Dalein Diallo, líder de la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFGD), quien afirmó que el plebiscito buscaba "legitimar un golpe de Estado".
Asimismo, el texto constitucional amplía la duración del mandato presidencial de cinco a siete años --renovable solo una vez-- y otorga al Ejecutivo un papel preponderante frente al Legislativo, al tiempo que establece que los aspirantes al Parlamento deben formar parte de un partido político legal, lo que perjudica a la oposición, cuyas formaciones han sido suspendidas y prohibidas de forma reiterada.
Esta exclusión de la oposición se refleja en que ninguno de los principales rivales políticos ha obtenido la validación necesaria para competir en las presidenciales, lo que despeja el terreno para que el jefe de la junta --formado militarmente en Israel, Senegal, Gabón y Francia, donde sirvió durante 15 años en la Legión Extranjera-- logre una victoria sin apenas contestación y consolide su figura, ahora revestida de legitimidad civil.
SIN FIGURAS OPOSITORAS RELEVANTES
Los comicios presidenciales estarán igualmente condicionados por otra de las disposiciones de la nueva Constitución, que fija que los aspirantes a cargos públicos --incluida la jefatura del Estado-- deben tener entre 40 y 80 años y residir en Guinea, un requisito que ha dejado fuera de la carrera a los principales líderes opositores.
De esta forma, la limitación de edad y residencia ha apartado a Diallo, de 73 años y exiliado entre Senegal y Costa de Marfil tras el golpe, y a Condé, de 87 años y también en el exilio en Estambul (Turquía). Igualmente, ha dejado fuera al ex primer ministro Sidya Touré, de 80 años y residente igualmente en el extranjero. Los tres eran las figuras más conocidas capaces de movilizar apoyos significativos y de representar un desafío real a las ambiciones de Doumbouya.
Diallo, quien sostiene que se impuso en las elecciones de 2021, denunció recientemente en un mensaje difundido en su cuenta de Facebook que los comicios son "una farsa". "No habrá una elección, habrá una farsa con el único objetivo de dar una pátina de legitimidad y legalidad a la confiscación programada del poder por parte de Doumbouya, en violación de su juramento y su palabra de oficial", señaló.
El dirigente de la UFGD cargó además contra el hecho de que la organización de las presidenciales haya quedado en manos de la junta y de instituciones designadas por los militares, y confirmó su llamamiento al boicot, así como su negativa a respaldar a cualquiera de los candidatos autorizados por las autoridades. "Negarse a participar no es huir del combate, es defender la República", remachó.
Estas elecciones son, además, las primeras desde 2006 que no están supervisadas por una comisión electoral independiente, sino por el Ministerio de Administración Territorial y Descentralización, cuyo titular fue elegido por Doumbouya, lo que ha intensificado las sospechas sobre la transparencia del proceso.
Entre los candidatos autorizados destaca el economista Abdoulaye Yero Balde, líder del Frente Democrático de Guinea (Frondeg), que abandonó el partido de Condé en 2020 por su rechazo a que el entonces mandatario optara a un tercer mandato y que figura como principal aspirante a un segundo puesto en la contienda.
También concurren Faya Lansana Millimono, líder del Bloque Liberal, que apoyó inicialmente a la junta tras el golpe --aunque más tarde se distanció de Doumbouya por su decisión de presentarse a las elecciones--, y Hadja Makale Camara, exministra de Exteriores de Condé que ahora encabeza el Frente para la Alianza Nacional (FAN) y es la única mujer en liza.
Por su parte, Ibrahima Abe Sylla, designado en su día por Doumbouya como ministro de Energía --cargo del que ya ha salido--, intenta captar parte del voto joven bajo las siglas de Nueva Generación para la República, mientras que el resto de aspirantes --Abdoulaye Kourouma, Mohamed Cherif Haidara, Bouna Keita y Mohamed Nabe-- son figuras con escaso reconocimiento en la escena política guineana.
PROHIBICIÓN DE LAS PROTESTAS
Las dudas sobre la deriva autoritaria de Doumbouya se han visto reforzadas por la decisión de la junta de vetar las manifestaciones y restringir las actividades de la oposición, medidas justificadas en nombre de la seguridad y la estabilidad, pero que se suman a las denuncias de activistas y opositores por el estrechamiento del espacio cívico.
Las fuerzas de seguridad han sido igualmente señaladas por su responsabilidad en la muerte de más de 130 personas en una estampida durante un partido de fútbol en Nzérékoré, en el marco del Torneo de la Refundación, cuya copa iba a ser entregada por Doumbouya. El suceso llevó a varias ONG a reclamar investigaciones transparentes, sin que hasta ahora se haya producido rendición de cuentas.
Naciones Unidas denunció el viernes las "graves restricciones" al espacio civil y político, caracterizado por "la intimidación a los opositores, desapariciones forzosas por aparentes motivos políticos y limitaciones a la libertad de medios", hechos que reclama que sean investigados "de forma rápida e imparcial".
En este sentido, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, subrayó que estas prácticas buscan "intimidar a figuras opositoras, afectar la campaña y disuadir una movilización de votantes", y advirtió de que "contribuyen a un clima de miedo entre los actores políticos y la población en general, suponiendo un riesgo de socavar la credibilidad del proceso electoral".
Por ello, instó a la junta a que "proteja también la libertad de expresión, asamblea pacífica y participación política en el proceso electoral, garantizando un clima libre de miedo, coacción y represión", en un contexto de escepticismo sobre la fiabilidad de los resultados que surjan de las urnas en este proceso, que la junta sigue presentando como plenamente legítimo.