La Justicia de Hong Kong ha impuesto este lunes una pena de 20 años de cárcel al activista y magnate de la comunicación Jimmy Lai, al considerarle culpable de conspiración para coludir con fuerzas externas y de promover publicaciones sediciosas. La sentencia llega casi dos meses después de que fuera hallado culpable de delitos que incluso podían haber supuesto la cadena perpetua.
El fallo también alcanza a sus tres empresas Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited y Apple Daily Internet Limited, vinculadas al diario “Apple Daily”, al que el Tribunal Superior de Hong Kong ha calificado de sedicioso, según ha informado la agencia oficial china Xinhua.
El tribunal ha declarado culpables a Lai y a las tres sociedades por un delito de conspiración para publicar una publicación sediciosa y otro de conspiración para coludir con fuerzas extranjeras. De forma individual, el empresario ha sido igualmente condenado por una acusación adicional de la segunda infracción.
Los jueces han dictado asimismo sentencia contra seis antiguos altos cargos del periódico que se habían declarado culpables, con penas que oscilan entre los seis años y nueve meses y los diez años de prisión. Además, otros dos activistas han recibido condenas de siete años y tres meses, de acuerdo con la información del diario “South China Morning Post”.
Con una vista que apenas ha durado diez minutos, se ha puesto fin a un procedimiento judicial iniciado en 2023. No era, sin embargo, el primer encontronazo de Lai con los tribunales: fue detenido en diciembre de 2020 en aplicación de la polémica ley de seguridad nacional —impulsada desde Pekín para tipificar como delitos la sedición o la injerencia extranjera en Hong Kong— y desde entonces permanece bajo custodia. En abril de 2021 ya había sido sentenciado a 5 años y 9 meses de prisión por fraude y por participar en una manifestación no autorizada, causa que también se tradujo en penas de cárcel para otros destacados miembros de la oposición.
El magnate se ha erigido en uno de los principales símbolos de la represión contra la disidencia política en Hong Kong, escenario de las multitudinarias protestas contra el Ejecutivo de Carrie Lam iniciadas en 2019, las mayores desde la transferencia de soberanía de Reino Unido a China en 1997.
La respuesta de las autoridades chinas en este caso ha suscitado duras críticas en el plano internacional, entre ellas las formuladas por la Unión Europea y la organización Human Rights Watch tras la declaración de culpabilidad de Lai en diciembre de 2025.