Human Rights Watch y Amnistía Internacional han hecho público este jueves un informe en el que denuncian un “patrón mortal” en la actuación de las fuerzas de seguridad iraníes y reclaman al Consejo Supremo de Seguridad Nacional que ordene a sus agentes frenar de inmediato el “uso ilegal” de la fuerza para disolver las protestas que, desde hace días, se suceden en las principales ciudades del país contra el deterioro de la economía.
“Las personas en Irán que se atreven a expresar su ira por décadas de represión y exigen un cambio fundamental, se enfrentan una vez más a un patrón mortal de fuerzas de seguridad que disparan ilegalmente, persiguen, detienen y golpean a los manifestantes en escenas que recuerdan al levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022”, ha lamentado la subdirectora de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y Norte de África, Diana Eltahawy, en referencia a las movilizaciones que sacudieron el país tras la muerte bajo custodia de la joven kurda Mahsa Amini.
Eltahawy ha instado al máximo órgano de seguridad iraní a ordenar “inmediatamente a las fuerzas de seguridad que pongan fin al uso ilegal de la fuerza y las armas de fuego” en el marco de unas protestas que han dejado al menos 28 fallecidos, entre ellos menores. Otras ONG y organizaciones de Derechos Humanos elevan esa cifra y documentan un número aún mayor de víctimas mortales.
En la misma línea se ha pronunciado el subdirector de HRW para la región, Michael Page, que ha denunciado además “la impunidad sistemática de los miembros de las fuerzas de seguridad que cometen graves violaciones”, algo que, a su juicio, “indica que el uso de tales armas para reprimir las protestas sigue estando arraigado como política de Estado”.
Según ambas organizaciones, tanto el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como la Policía iraní han “utilizado ilegalmente rifles, escopetas cargadas con perdigones metálicos, cañones de agua, gases lacrimógenos y palizas para dispersar, intimidar y castigar a manifestantes en su mayoría pacíficos”.
Asimismo, denuncian que las autoridades están forzando a los detenidos a admitir delitos como “provocar disturbios”, por lo que exigen la liberación “inmediata e incondicional” de todas las personas arrestadas “únicamente por participar pacíficamente en manifestaciones o expresar su apoyo a ellas” y subrayan que quienes permanecen bajo custodia “deben estar protegidos contra la tortura y otros malos tratos”.
La denuncia se sustenta en entrevistas a 26 personas, entre ellas manifestantes, testigos presenciales, defensores de Derechos Humanos, periodistas y un profesional sanitario. Además, explican en un comunicado conjunto, han revisado “declaraciones oficiales y analizado decenas de vídeos verificados, publicados en Internet o compartidos con las organizaciones”.
El desplome del poder adquisitivo de millones de iraníes, agravado por la depreciación histórica del rial, se sitúa en el origen de estas protestas, que se desarrollan en un contexto de endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos. Washington, junto con Israel, ha vuelto a poner el foco en el programa nuclear iraní, con bombardeos como los registrados el pasado junio, en los que murieron alrededor de mil personas.