La organización Human Rights Watch (HRW) ha reclamado este miércoles al Gobierno de Venezuela, encabezado desde comienzos de enero por Delcy Rodríguez, que proceda a “desmantelar el aparato represivo”. Para ello, plantea la puesta en marcha de reformas “reales” en los ámbitos electoral y judicial, así como la destitución del fiscal general, Tarek William Saab, al que atribuye un rol clave en la “maquinaria represiva” del Estado, especialmente tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.
“Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo reformas reales de sus leyes e instituciones judiciales y electorales. Cualquier otra cosa equivaldría a una transición simulada que quizás sirva los intereses de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, pero que no reivindicará los derechos del pueblo venezolano”, ha advertido en un comunicado la directora de HRW para las Américas, Juanita Goebertus.
La ONG ha valorado las recientes excarcelaciones de presos políticos como un “alivio importante”, después de que Caracas anunciara a principios de enero una serie de liberaciones que, según organizaciones de derechos humanos venezolanas, habrían permitido la salida de alrededor de 400 personas de centros penitenciarios de todo el país. Sin embargo, recuerdan que todavía quedarían unas 600 personas encarceladas por motivos políticos.
Pese a estas liberaciones, HRW alerta de que “el aparato represivo utilizado para detenerlos sigue en pie”, y cuestiona que la ley de amnistía que se discute en la Asamblea Nacional “no garantiza que todas las personas detenidas arbitrariamente sean liberadas incondicionalmente”.
“Su discusión no debe utilizarse como excusa para retrasar la liberación incondicional de los presos políticos o las reformas estructurales necesarias para restaurar la democracia en Venezuela”, ha señalado Goebertus, en referencia a un proyecto que, según el oficialismo, permitiría la excarcelación de quienes hayan cometido delitos desde 1999, pero que genera inquietud entre activistas y ONG porque, por ahora, deja fuera a decenas de reclusos y obliga a los beneficiarios a admitir hechos que aseguran no haber cometido.
La entidad ha recogido además datos de la organización venezolana Foro Penal, que cifra en casi 19.000 las personas detenidas arbitrariamente en el país, muchas de ellas sometidas a “malos tratos y tortura”, mantenidas incomunicadas, sin acceso adecuado a defensa o procesadas “masivamente en audiencias virtuales”.
En esta línea, HRW recuerda que las autoridades venezolanas vienen cometiendo “violaciones generalizadas de Derechos Humanos, entre ellas procesos penales infundados”, contra disidentes, periodistas y activistas “desde 2014”, con la “complicidad” de la Fiscalía y del Poder Judicial.
Por este motivo, la organización insta al Ejecutivo de Rodríguez a adoptar medidas que garanticen “la integridad e independencia” del sistema de Justicia, que considera “cooptada” por el Estado desde la reforma judicial impulsada en 2004 por el entonces presidente Hugo Chávez.
Al mismo tiempo, reclama la salida de Tarek William Saab de la Fiscalía General, al considerar que su liderazgo en la respuesta de Caracas “condujo a violaciones de los Derechos Humanos” tras los comicios en los que Nicolás Maduro se proclamó vencedor, pese a las denuncias de fraude formuladas por la oposición y buena parte de la comunidad internacional.
“Dado su historial, el hecho de que Saab siga ocupando el cargo de fiscal general es incompatible con cualquier esfuerzo significativo de reforma que busque respetar los Derechos Humanos y promover el Estado de derecho”, ha apuntado Goebertus.
Por último, Human Rights Watch urge a las autoridades venezolanas a actuar “de inmediato para crear las condiciones necesarias” para la celebración de unas elecciones “libres y justas”. Entre otras cuestiones, reclama revisar la composición del Consejo Nacional Electoral (CNE), recordando que sus integrantes avalaron la reelección de Maduro e impidieron el registro de candidatos opositores, como en el caso de la dirigente María Corina Machado.