La Justicia iraní ha dictado pena de muerte contra Saleh Mohammadi, un joven de 18 años, por su supuesta implicación en las protestas registradas el pasado enero en la ciudad de Qom.
Según la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Oslo y especializada en el seguimiento de ejecuciones en el país, se trata de la primera condena a muerte conocida relacionada con la última ola de movilizaciones contra la República Islámica.
Las protestas fueron reprimidas con dureza por las fuerzas de seguridad. Diversas organizaciones de derechos humanos estiman que miles de personas murieron en el marco de la respuesta estatal y que centenares de detenidos afrontan cargos que podrían acarrear la pena capital, entre ellos el de “enemistad con Dios”, una figura contemplada en el Código Penal iraní.
Human Rights denuncia falta de garantías procesales
De acuerdo con la información recopilada por IHR, el Tribunal Penal de Qom declaró culpable a Mohammadi de apuñalar a un agente durante una manifestación el 8 de enero y ordenó su ejecución pública.
El joven fue detenido una semana después de los hechos y, según su testimonio ante el tribunal, habría sido forzado a confesarse culpable bajo tortura. Durante el juicio se retractó y aseguró que no se encontraba en la protesta en el momento del incidente, sino en el domicilio de un familiar.
La organización denuncia además que el acusado no contó con un abogado de su elección, sino con un letrado designado por las autoridades. El tribunal basó la condena en la confesión inicial y en declaraciones de supuestos testigos presenciales.
Ahorcamiento público
La sentencia contempla la ejecución en la plaza donde murió el policía, un procedimiento que en Irán suele realizarse mediante ahorcamiento público. La legislación iraní establece un plazo de 20 días para recurrir la condena, aunque IHR advierte de que en precedentes recientes ese margen no siempre se ha respetado.
Las alarmas internacionales se reactivan tras recordar el caso de Majidreza Rahnavard, ejecutado públicamente en 2022 durante las protestas del movimiento desencadenado por la muerte de Yina Mahsa Amini. Entonces, organizaciones internacionales denunciaron juicios sumarios y confesiones obtenidas bajo coacción.