Las autoridades iraníes han validado una nueva norma que permite de manera explícita conceder a las mujeres permisos para conducir motocicletas, zanjando así una situación de vacío legal que dificultaba la tramitación de estas licencias. La decisión llega pocas semanas después de una ola de protestas contra el Gobierno que, según Teherán, ha dejado más de 3.000 fallecidos.
El decreto, rubricado por el vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, establece que “la Policía de la República Islámica de Irán debe emitir permisos de conducir motocicletas a las mujeres” y detalla que estos carnés se concederán una vez que “reciban clases prácticas y realicen pruebas” bajo la supervisión de la Policía de Tráfico, tal y como ha informado la cadena pública IRIB.
Hasta ahora, la legislación iraní no vetaba de forma expresa la concesión de estos permisos a mujeres, pero en la práctica las autoridades se negaban a expedirlos. Esta situación hacía que las mujeres que se desplazaban en moto fueran consideradas responsables legales en caso de siniestro, incluso cuando no hubieran provocado el accidente.
Con la firma del documento, que fue respaldado por el Consejo de Ministros a finales de enero, el Ejecutivo pretende acabar con esta indefinición jurídica y dar cobertura formal a la entrega de permisos de conducción de motocicletas —uno de los medios de transporte más extendidos en el país— a las mujeres que superen las pruebas obligatorias.
La aprobación de la medida se produjo tras una oleada de manifestaciones motivadas por la crisis económica y el deterioro de las condiciones de vida, que terminaron derivando en demandas más amplias en materia de Derechos Humanos. Las autoridades iraníes han denunciado la actuación de “terroristas” apoyados por Estados Unidos e Israel en el marco de estas protestas, a los que acusan de buscar ataques y un aumento del número de víctimas para facilitar que el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, hiciera efectiva su amenaza de atacar Irán.
Teherán ha reconocido hasta el momento la muerte de más de 3.000 personas, en su mayoría civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, en unas protestas iniciadas para denunciar la crisis económica y la pérdida de calidad de vida. No obstante, organizaciones como Human Rights Activists in Iran elevan el balance a 6.872 fallecidos, de los que 6.443 serían manifestantes, incluidos 156 menores.