Las autoridades iraníes han afirmado este jueves que Erfan Soltani, arrestado en el contexto de la reciente oleada de protestas, no ha recibido una condena a muerte, después de que una organización no gubernamental informara de que había sido sentenciado y que su ejecución podría haberse llevado a cabo este miércoles, 14 de enero.
Un portavoz del Poder Judicial de Irán ha recalcado que “Erfan Soltani no ha sido condenado a muerte” y ha sostenido que las advertencias sobre su caso constituyen “un obvio paso para generar noticias” por parte de “medios opositores”, según ha informado la cadena pública iraní IRIB.
El representante judicial ha precisado que Soltani, de 26 años, fue arrestado el 10 de enero y acusado de “colusión contra la seguridad interna del país y actividades de propaganda contra el régimen”, y ha indicado que permanece recluido en una prisión de Karaj.
“Si los cargos son probados por la Fiscalía y un veredicto legal es emitido por un tribunal competente, el castigo previsto para estos cargos, según la ley, sería el encarcelamiento”, ha señalado, antes de remarcar: “La pena de muerte no existe en la ley para este tipo de cargos”.
La ONG Hengaw había advertido el martes de que Soltani afrontaba una ejecución “inminente” tras un “proceso judicial rápido y opaco”, después de ser detenido en el marco de las últimas protestas antigubernamentales en Irán por la crisis económica y el deterioro de las condiciones de vida, que habrían causado cientos de muertos.
Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha asegurado que “no existen planes” para “ahorcar” a los arrestados durante las movilizaciones, después de que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara a Teherán con “acciones muy firmes” si comenzaba a ejecutar a los detenidos y acusados en relación con las protestas.
En esta línea, Araqchi ha insistido en que tras las manifestaciones operan “elementos terroristas, liderados desde el exterior”, a los que ha responsabilizado de infiltrarse entre los manifestantes y “disparar contra las fuerzas policiales, los agentes y las fuerzas de seguridad”. Además, ha reducido a “cientos” el número de fallecidos, en contraste con los datos de ONG como Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, que ha elevado la cifra a al menos 3.428 muertos.
Las autoridades de Irán han acusado tanto a Estados Unidos como a Israel de alentar las protestas y apoyar los disturbios, sosteniendo que las marchas derivaron en episodios violentos para ofrecer una “excusa” a Trump con la que justificar una posible intervención militar en el país. Al mismo tiempo, han instado a Washington a abrir un canal de diálogo para tratar de resolver las discrepancias, aunque han advertido de que se encuentran “preparadas” para afrontar un eventual conflicto armado.