Las autoridades japonesas han decidido poner fin al aviso previo de dos meses sobre las deportaciones de ciudadanos extranjeros, una comunicación que hasta ahora se remitía a los abogados de las personas afectadas, coincidiendo con los planes del país para duplicar el número de expulsiones.
Tal y como recoge la agencia Kiodo, el Gobierno de Japón ha dejado de aplicar desde este mes de febrero el sistema por el que se notificaba con dos meses de margen a los letrados de los extranjeros inmersos en un proceso de deportación. Este procedimiento se utilizaba desde 2010 en colaboración con asociaciones de abogados, al considerarse que facilitaba la defensa jurídica de quienes se enfrentaban a la expulsión.
Las autoridades migratorias sostienen, no obstante, que ese plazo de aviso permitía a algunos extranjeros eludir la orden de salida obligatoria, por lo que a partir de ahora solo se comunicará con un mes de antelación la fecha de ejecución de la deportación. Durante ese periodo, las personas afectadas podrán presentar demandas o recursos, con el objetivo declarado de salvaguardar su derecho a un juicio justo.
Las asociaciones de abogados han respondido con dureza y sostienen que este nuevo plazo es insuficiente para garantizar una tutela judicial efectiva, calificando la decisión como “una acción unilateral carente de un examen basado en hechos y de consultas sinceras entre las partes involucradas”.
La agencia de inmigración de Japón ha informado de que en 2024 se han ejecutado 249 deportaciones, mientras que el Ejecutivo se ha fijado como meta duplicar esa cifra de cara a 2027, en el marco de una estrategia más estricta en materia de control migratorio.