Las autoridades japonesas han rechazado este jueves las acusaciones lanzadas por China y Rusia sobre el giro en la política de defensa de Tokio tras la llegada al Gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi, sosteniendo que se trata de reproches “infundados” y que la verdadera preocupación radica en la actividad militar de Pekín.
En unas declaraciones recogidas por la agencia Kyodo, el portavoz del Ejecutivo, Masanao Ozaki, ha recalcado que las críticas dirigidas contra Japón por su “remilitarización” son “totalmente infundadas”, en respuesta al comunicado conjunto emitido por Rusia y China durante la cumbre mantenida en Pekín entre Xi Jinping y Vladimir Putin.
Ozaki ha urgido a China y Rusia a que “cambien su comportamiento” y ha reiterado que las maniobras militares chinas y la invasión rusa de Ucrania constituyen un “motivo de seria preocupación para la comunidad internacional”.
“Japón ha defendido constantemente los valores de libertad, democracia y Estado de derecho desde el final de la Segunda Guerra Mundial y ha contribuido a la prosperidad no solo de Asia, sino también del mundo”, ha subrayado el portavoz, insistiendo en que la estrategia de seguridad japonesa está “exclusivamente orientada a la defensa” del país y no ha sufrido modificaciones de fondo.
En su encuentro bilateral, Xi y Putin arremetieron contra Japón por lo que describen como su “actual rumbo hacia una remilitarización acelerada”, llegando a calificar a Tokio como “una seria amenaza” para la paz y la estabilidad regionales. En su declaración conjunta, Moscú y Pekín expresan su desconfianza hacia las “provocaciones extremas” de las fuerzas de derecha japonesas, entre ellas los intentos de revisar los tres principios no nucleares del país, que impiden a Japón poseer, fabricar o permitir la entrada de armamento atómico.
El debate sobre la militarización japonesa se ha convertido en un foco recurrente de fricción entre Tokio y Pekín, especialmente después de que el Gobierno de Takaichi autorizara la revisión de las restricciones legales a la exportación de materiales de uso militar, abriendo la puerta, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, a la posible venta de armamento a terceros países.
Estos ajustes suponen un cambio de calado en la forma de concebir la política de defensa de un Estado cuyas Fuerzas de Autodefensa solo pueden actuar en misiones estrictamente defensivas, y persiguen apuntalar la industria militar nacional ante la percepción de que Japón encara el entorno de seguridad más delicado desde el fin del conflicto mundial.