La Casa Blanca ha defendido este domingo que la operación llevada a cabo por la Guardia Costera de Estados Unidos contra el petrolero 'Centuries', en aguas próximas a Venezuela, se ajusta a la normativa internacional, pese a que el buque no aparece en el registro de navíos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, ha afirmado que el petrolero “transportaba petróleo de PDVSA bajo sanciones” y que “es un navío de falsa bandera que operaba como parte de la flota en la sombra venezolana para traficar con crudo robado y financiar el régimen narcoterrorista” de Nicolás Maduro.
Kelly difundió este mensaje en X en respuesta a las informaciones publicadas por el 'New York Times' y el 'Washington Post', que cuestionaban la base legal de la intervención. De acuerdo con fuentes citadas por el diario neoyorquino, el 'Centuries' pertenece a un comerciante radicado en China, dedicado al transporte de crudo venezolano hacia refinerías del país asiático.
El buque navega con pabellón panameño, a diferencia del petrolero 'Skipper', interceptado por Estados Unidos el 10 de diciembre, que sí estaba incluido en la lista de sancionados por el Tesoro y viajaba bajo una falsa bandera de Guyana, según confirmaron las autoridades de ese país. Para añadir más complejidad al caso, fuentes oficiales indicaron al 'New York Times' que los guardacostas no disponían de una orden de registro para acceder al 'Centuries' y revisar su carga, algo que sí se produjo en el caso del 'Skipper'.
Ante este escenario, responsables estadounidenses consultados por el 'Washington Post' bajo condición de anonimato sostienen que el abordaje se ampara en una normativa marítima conocida como “derecho de visita”, que faculta a un buque de guerra a inspeccionar otra embarcación cuando exista la mera sospecha de que participa en actividades ilícitas.
El Gobierno de Venezuela ha condenado la actuación calificándola directamente de “robo” de sus recursos y de “secuestro” con “desaparición forzada de su tripulación, cometidos por efectivos militares de los Estados Unidos de América en aguas internacionales”, según el comunicado difundido por el Ejecutivo de Nicolás Maduro.
Las autoridades venezolanas han tildado de “piratería” esta nueva incautación que, a su entender, vulnera diversas disposiciones del Derecho Internacional y representa una “flagrante comisión” de un “delito”.
El Ejecutivo venezolano ha anunciado que “ejercerá todas las acciones correspondientes” para evitar que estos hechos queden “impunes”, entre ellas la presentación de una denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros organismos internacionales.