La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha celebrado este lunes la primera audiencia del procedimiento impulsado por Gambia contra Birmania por el presunto incumplimiento de sus obligaciones derivadas de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, a raíz de la "brutal" campaña de violencia contra la población rohingya.
"No hemos presentado este caso a la ligera. Lo hemos hecho tras revisar informes creíbles sobre las violaciones más brutales imaginables infligidas a un grupo vulnerable que ha sido deshumanizado y perseguido durante muchos años", ha resaltado durante la primera sesión el ministro de Justicia de Gambia, Dawda A. Jallow.
El responsable gambiano ha recordado que el expediente se registró en 2019 guiado por un profundo "sentido de la responsabilidad", aludiendo a que el propio país africano ha sufrido las secuelas de un régimen castrense, en referencia al golpe de Estado liderado por el general Yahya Jamé contra el Ejecutivo del entonces presidente Dawda Jawara en 1994.
"Más de dos décadas de brutal dictadura nos han enseñado que debemos usar nuestra voz para condenar la opresión, los crímenes contra individuos y grupos, dondequiera y cuando sea que ocurran", ha detallado, agregando que "de lo contrario la impunidad garantizará que tales crímenes se repitan una y otra vez".
Las vistas orales se extenderán hasta el 29 de enero. Con anterioridad, en enero de 2020, la CIJ ya había ordenado a Birmania que adoptase "todas las medidas" necesarias para impedir un posible genocidio contra la minoría rohingya, después de que Gambia solicitara medidas cautelares mientras se resuelve el fondo del asunto.
Un caso iniciado por Gambia en 2019
El procedimiento tiene su origen en la demanda presentada por Gambia el 11 de noviembre de 2019, en la que denunciaba que el Ejército birmano y otros cuerpos de seguridad llevaron a cabo "operaciones de limpieza generalizadas y sistemáticas" contra los rohingya desde octubre de 2016.
Según el escrito remitido a la CIJ, el propósito era "eliminar a los rohingya como grupo, total o parcialmente, mediante el uso de asesinatos en masa, violaciones y otras formas de violencia, así como la destrucción sistemática de sus aldeas con incendios", en muchos casos con los habitantes atrapados en sus casas.
"A partir de agosto de 2017, estos actos genocidas continuaron con la reanudación por parte de Birmania de operaciones de limpieza a una escala geográfica más masiva y amplia", reza el texto enviado a la corte en 2019, que agrega que estos actos podrían constituir violaciones de la Convención contra el Genocidio.
En la misma línea, Gambia sostiene que Birmania "ha incumplido y sigue incumpliendo sus obligaciones" en virtud de dicho tratado internacional, y reclama a la CIJ que adopte decisiones encaminadas a prevenir la repetición de estos actos y a impedir que las Fuerzas Armadas birmanas continúen perpetrándolos.
Entre los comportamientos descritos se incluyen "ejecuciones extrajudiciales o abusos físicos; violación u otras formas de violencia sexual; quema de casas o aldeas; destrucción de tierras y ganado, privación de alimentos y otras necesidades de la vida, o cualquier otra imposición deliberada de condiciones de vida que busquen la destrucción del grupo rohingya".
Gambia también subraya en su demanda que Birmania "debe garantizar que las personas que cometen genocidio sean castigadas por un tribunal competente", además de "cumplir con las obligaciones de reparación en interés de las víctimas incluyendo, entre otras, permitir el regreso seguro y digno de los desplazados forzosamente", así como "el respeto a su plena ciudadanía y Derechos Humanos".
El documento insta igualmente a que "Birmania no destruirá ni hará inaccesible ninguna prueba relacionada con los hechos descritos en la solicitud, incluyendo, la destrucción o la inaccesibilidad de los restos de cualquier miembro rohingya que haya sido víctima de presuntos actos genocidas, o la alteración de lugares físicos donde se alega que ocurrieron dichos actos".
La decisión de acudir a la CIJ, impulsada personalmente por el entonces ministro de Justicia Abubacarr Tambadou tras visitar los campos de refugiados rohingya en Cox's Bazar y a partir de su experiencia en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), recibió el respaldo de 57 estados que integran la Organización para la Cooperación Islámica (OCI).
La antigua líder 'de facto' y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi --en otro tiempo icono de la lucha prodemocrática y de la defensa de los Derechos Humanos-- fue objeto de fuertes críticas por la campaña de represión sangrienta con la que el Ejército birmano respondió, en agosto de 2017, a una serie de ataques de milicianos rohingyas en el estado de Rajine.
Como consecuencia de aquella ofensiva, más de 700.000 rohingyas, minoría musulmana a la que Birmania niega la ciudadanía, huyeron al vecino Bangladesh. Una misión de investigación de Naciones Unidas concluyó un año después que las fuerzas birmanas actuaron con "intención genocida" en su respuesta contra el Ejército de Salvación del Arakán Rohingya (ARSA).
Suu Kyi admitió entonces excesos por parte de las fuerzas de seguridad birmanas, aunque calificó de "engañosa" la acusación de genocidio formulada por Gambia. El Artículo 94 de la Carta de Naciones Unidas establece que todos los estados miembro están obligados a cumplir las decisiones de la CIJ.