La Comisión Nacional de Solidaridad, Hermandad y Democracia, constituida en 2025 en el Parlamento turco dentro de los esfuerzos para impulsar el proceso de paz entre el Gobierno y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), ha presentado este miércoles un informe en el que aconseja la “reinserción” de los combatientes del grupo siempre que estos “rechacen las armas y la violencia”.
En esta línea, el documento elaborado por la comisión parlamentaria subraya que los milicianos kurdos que hayan optado por dejar las armas “deben ser reinsertados en la sociedad”, aunque excluye expresamente la opción de una amnistía general.
Las propuestas de este organismo, integrado por alrededor de medio centenar de diputados de distintas formaciones políticas, buscan establecer los cimientos de un marco jurídico que facilite la consolidación de la paz entre las partes, después de que el PKK anunciara en mayo de 2025 su disolución y el cierre de su etapa de lucha armada tras cuatro décadas de actividad.
“La ley debe buscar la reinserción de estos individuos, pero no debe crear una percepción de impunidad y amnistía”, señala el texto. El presidente de la comisión, Numan Kurtulmus, ha insistido en que se trata de un “proceso histórico” frente al “terrorismo” y ha elogiado el papel desempeñado por la Cámara, de acuerdo con las informaciones difundidas por la agencia de noticias Anatolia.
El informe incorpora asimismo aspectos de “regulación” y medidas de “democratización”, pero omite cualquier referencia a una eventual excarcelación del líder del PKK, Abdulá Ocalan. Aun así, reclama un mayor “cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal Constitucional de Turquía”.
“Se deben fortalecer los mecanismos para garantizar el pleno cumplimiento de las decisiones del TEDH y del Constitucional, y se deben crear nuevos mecanismos eficaces. Se recomienda eliminar los obstáculos al cumplimiento de los dictámenes derivados de acciones administrativas y procesos judiciales”, añade el documento.
Reforma constitucional y supervisión del desarme
Además, el texto plantea la elaboración de una nueva Constitución, una aspiración de largo recorrido del bloque en el poder, como “un deber y una responsabilidad compartida e impostergable para nuestro país”, y precisa que el proceso de desarme “debe ser supervisado por el Ejecutivo a través de mecanismos de seguimiento dirigidos por los órganos ejecutivos pertinentes, que informarán periódicamente de los avances al Parlamento”.
El informe, que también apuesta por reestructurar el sistema administrativo conforme a estándares legales más estrictos “para fortalecer las bases de la política democrática”, evita mencionar la expresión “cuestión kurda”. Esta omisión ha llevado al Partido por la Igualdad y la Democracia Popular (DEM), de orientación prokurda, a reprochar que el asunto se trate únicamente desde la óptica del “terrorismo”.
El Gobierno turco y el PKK ya habían puesto en marcha en 2013 un intento de diálogo para la paz, pero las conversaciones se rompieron en 2015 y dieron paso a una nueva ola de choques armados en las regiones de mayoría kurda del sureste y el este del país.
Desde su fundación, el PKK defendió inicialmente la creación de un Estado independiente, aunque en la actualidad reclama sobre todo una mayor autonomía para las zonas de población kurda, integradas en lo que se conoce como Kurdistán histórico, que se extiende también por partes de Siria, Irak e Irán.