La delegación de paz del Gobierno de Colombia ha rechazado este miércoles la decisión de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de imponer penas de hasta cinco años de “prisión revolucionaria” a dos funcionarios secuestrados desde mayo de 2025, y ha reclamado al grupo armado su liberación inmediata como “gesto humanitario”.
“De nuevo solicitamos al ELN un gesto humanitario para que no sólo respete la vida de los funcionarios, sino que los libere sin condiciones. Nuestra delegación continuará trabajando y utilizará los canales posibles para buscar la liberación”, ha indicado la delegación en un breve comunicado publicado en sus redes sociales.
El equipo negociador ha señalado que ha llevado a cabo múltiples gestiones para lograr la liberación “en diversas estancias”, entre ellas la comunidad internacional y la Iglesia Católica, y ha subrayado: “Hemos estado en permanente comunicación con las familias”.
En paralelo, la Fiscalía colombiana ha exigido al ELN que deje en libertad a los servidores judiciales y a los miembros de la Policía Nacional secuestrados “sin condicionamiento alguno” y “como muestra de voluntad de paz por parte de esa organización ilegal armada”.
En su pronunciamiento, el organismo acusador ha advertido de que “el uso repetido de prácticas como el secuestro, prohibidas en Colombia y en el mundo, daña la confianza de la sociedad en los esfuerzos por superar la violencia. La experiencia de años de conflicto armado ha demostrado que el secuestro solo causa más daño y deja consecuencias permanentes en las víctimas, sus familias y el país” y ha remarcado que “el respeto por la vida, la integridad y la libertad de los colombianos es un principio básico del Estado de derecho”.
El comunicado llega después de que integrantes del Frente de Guerra Oriental del ELN informaran de que Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Colombia, han sido sentenciados a 60 y 55 meses de “prisión revolucionaria”, respectivamente.
Según el grupo insurgente, ambos funcionarios han sido declarados “autores materiales” de “delitos de pertenencia a un organismo del Estado dedicado a la comisión de crímenes de lesa humanidad” por “desarrollar acciones de espionaje contra el ELN, vinculando a la población civil y menores de edad” y por la “ejecución de montajes o falsos positivos judiciales contra la población civil”.
A estas ‘condenas’ contra Pacheco y López, secuestrados en el departamento de Arauca, en el este del país, se suman las impuestas a dos integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), capturados igualmente en Arauca en julio de 2025.
Se trata de Franki Esley Hoyos y Yordin Fabián Pérez, considerados “culpables” de “espionaje y perfidia contra el pueblo y el ELN”, por lo que deberán permanecer en “prisión revolucionaria” durante 36 y 32 meses, respectivamente.