La Fiscalía de París ha solicitado este jueves a un tribunal penal que imponga una pena de 15 años de cárcel al franco-ruandés Claude Muhayimana, de 65 años. Se trata de un juicio en apelación después de que en diciembre de 2021 fuera condenado a 14 años de prisión por su presunta complicidad en genocidio y crímenes de lesa humanidad durante el exterminio contra los tutsis en Ruanda en 1994.
Con esta petición, el fiscal francés plantea aumentar en un año la condena inicial, apoyándose en los testimonios escuchados en sala sobre los convoyes que transportaban a miembros de la milicia hutu Interahamwe y en los que Muhayimana habría actuado como conductor por las colinas de Kibuye y Bisesero, a orillas del lago Kivu. El acusado, sin embargo, ha rechazado haber estado en esos lugares en las fechas señaladas, según ha informado la emisora Radio France Internationale.
Frente a la versión del franco-ruandés, el representante del Ministerio Público francés ha cuestionado su comportamiento planteando que, “incluso si hubiera habido coacción, ¿intentó Claude Muhayimana retrasar la salida de los convoyes, fingir una crisis nerviosa o simplemente huir de Kibuye para distanciarse de los asesinatos perpetrados ante sus propios ojos?”. “No, porque al día siguiente y en los días siguientes, regresó y cumplió su misión como cómplice”, se ha respondido el propio fiscal durante su intervención.
Este nuevo proceso se celebra después de que la sentencia de primera instancia fuera recurrida tanto por la defensa de Muhayimana como por la propia Fiscalía. La petición actual de condena ha sido considerada “insuficiente” por las partes civiles personadas, que reclaman una respuesta penal más severa. En esta apelación, además, el acusado se enfrenta a cargos adicionales, entre ellos su supuesta implicación en la matanza de la escuela de Niamyshaba, donde miles de tutsis fueron asesinados.
La masacre de Niamyshaba se inscribe en el marco del genocidio de 1994, una campaña de exterminio de cien días en la que fueron asesinadas unas 800.000 personas, en su mayoría tutsis y hutus moderados, a manos de extremistas hutu. Durante ese periodo, entre 150.000 y 250.000 mujeres fueron víctimas de violaciones sistemáticas, en un contexto marcado por la inacción de la comunidad internacional.